Dinero público, ¿para qué, para quién?

Fernando Luengo Escalonilla, economista
Miguel Urbán, eurodiputado

En las últimas décadas, el manual de política económica aplicado tanto por gobiernos conservadores como socialistas, y exigido por las instituciones comunitarias y por los organismos monetarios y financieros internacionales, incluía un principio básico: la austeridad presupuestaria. 

Se consideraba que la reducción del déficit y de la deuda públicos representaba la quintaesencia de las buenas prácticas económicas. Avanzar por esa senda era, según la concepción dominante, la condición necesaria y hasta suficiente para conseguir una economía próspera y eficiente. La recompensa era el crecimiento del Producto Interior Bruto, que, siguiendo la misma línea argumental, beneficiaba a empresarios y trabajadores, a los poderes públicos y al conjunto de la población. Un juego de suma positiva, en suma.

La defensa de la salud pública necesita otra economía

Carmen San José, médica de familia
Fernando Luengo Escalonilla, economista

El dilema entre salud y economía, que nos obliga a elegir entre una u otra, a pesar del sentido común que parece latir en esta afirmación, es falso y equívoco, 

Hemos comprobado en los últimos meses que la pandemia puede quebrar la economía (interrupción de las cadenas de aprovisionamiento de las firmas, brusco desplome de los mercados, cierre de establecimientos, masiva destrucción de puestos de trabajo, notable caída del consumo y de la inversión); y a la inversa, que la precipitación por volver a la “normalidad” económica, intentando restablecer las condiciones previas a la irrupción del COVID-19, puede tener consecuencias muy negativas en términos de salud (extensión de los contagios y aumento de la mortalidad). Creemos, no obstante, que instalar nuestra argumentación en ese dilema nos lleva a conclusiones erróneas. 

Pedro Sánchez y las empresas del IBEX

«España puede. Recuperación, transformación, resiliencia». Este es el sugerente título de la conferencia con la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido comenzar el curso político. Celebrada en el Palacio de la Moncloa, ha contado con la presencia de representantes muy destacados de las empresas del IBEX, así como de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios y de las grandes patronales. Podría haber elegido otro escenario, otro formato; por ejemplo, un encuentro con representantes de la comunidad educativa y de la sanidad públicas, tan necesitadas de un decidido apoyo por parte de las administraciones públicas. Como supongo que el gobierno no da puntada sin hilo, seguro que el acto elegido es el resultado de una decisión muy meditada.

¿La crisis como oportunidad?

La crisis económica y social ha entrado con fuerza en nuestras vidas y todo apunta a que los próximos meses (y quizá años) serán durísimos: cierres empresariales e infrautilización de la capacidad productiva disponible, retraimiento de la demanda, destrucción de empleo y retroceso de los salarios, aumento de la desigualdad y de la pobreza, disputas comerciales e inestabilidad financiera. Ciertamente, estamos asistiendo a un colapso de la economía de proporciones históricas, sólo comparable a las devastaciones provocadas por los conflictos militares.

¿El fin del neoliberalismo?

Miguel Urbán y Fernando Luengo

Se dice, y es verdad, que la crisis económica y social provocada por la pandemia lo cambia todo. Cabe preguntarse, en este sentido, si también supone el punto y final de lo que conocemos como “neoliberalismo”. Dado que este término se utiliza con diferentes acepciones, conviene aclarar la nuestra: entramado de políticas, dinámicas económicas e intereses que han impregnado en las últimas décadas las agendas de los gobiernos y de las instituciones internacionales -y, por supuesto, también de las comunitarias-, en torno a la bandera de “Más mercado”.

Munición para la derecha, desconcierto del gobierno

Fernando Luengo, economista
Víctor Prieto, politólogo

«Cambio el digo por el diego». En esto ha consistido la torpe maniobra política del gobierno de coalición en relación al pacto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos (UP) y Bildu. No se entiende que en el debate sobre el estado de alarma se introduzca por la puerta de atrás el compromiso, suscrito por estos partidos, de derogar completamente la reforma laboral. Y se entiende todavía menos que a las pocas horas de haber firmado ese acuerdo, los dos partidos que forman parte del gobierno lo enmienden.

¡Que paguen los ricos y las grandes corporaciones!

Es evidente y todo el mundo está de acuerdo en que la lucha contra la pandemia y la enorme crisis económica y social que tenemos por delante exige un esfuerzo presupuestario enorme, a la altura de un desafío que no tiene precedentes en tiempos de paz. Por cierto, por paradójico que pueda parecer, también parecen estar de acuerdo los que durante muchos años se han dedicado a desmantelar el sector social público y a convertirlo en negocio para las empresas privadas.

¿No dejar a nadie atrás?

No dejar a nadie atrás. Un lema que se ha convertido en una bandera que todos los partidos abrazan y que han hecho suyo los medios de comunicación.

La levanta el gobierno de coalición que, con todos los errores, carencias y precipitaciones que ha tenido, que no han sido pocos, ha tomado muchas medidas destinadas a proteger a los más vulnerables, en un contexto extremadamente difícil, con la pandemia en pleno ascenso y teniendo que enfrentarse a una crisis económica y social inédita y de grandes proporciones.

Con la pandemia no empieza todo

Todavía resulta prematuro avanzar datos verosímiles sobre el impacto que la crisis económica y social provocada por la pandemia tendrá sobre el empleo y los salarios, pero ya se puede afirmar que será enorme, sin precedentes. En todo caso, conviene puntualizar que la degradación de las condiciones laborales viene de lejos.

La Unión Europea fracasa ante el desafío de la pandemia

Las autoridades comunitarias reconocen ahora, más vale tarde que nunca, que el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento (PEC) es de imposible cumplimiento. En efecto, ni se puede ni se debe cumplir; porque el gasto público tiene que aumentar sustancialmente en esta situación de emergencia, ¡no hacerlo o defender lo contrario es, simplemente, un comportamiento criminal!, porque los ingresos de los Estados en concepto de tasas e impuestos se van a desplomar y porque, como consecuencia de todo ello, crecerán tanto el déficit como la deuda públicos.