¿Estamos en el principio del fin de la pandemia?

Carmen San José Pérez, médica de familia
Fernando Luengo, economista

En las cabeceras de muchos medios de comunicación y en las mesas de tertulian@s se afirma que, en efecto, estamos ante el principio del fin de la pandemia. Una afirmación que, en nuestra opinión, debe ser matizada.

Por supuesto, una variable fundamental que podría justificar este tipo de titulares es que, al fin, se dispone de una vacuna aprobada (hay otras en camino) para comenzar a tratar a la población. Su lanzamiento es, sin duda, un éxito de la ciencia, sobre todo de la ciencia básica que llevaba muchos años investigando sobre vacunas basadas en ARN; un proceso que ha contado con grandes inversiones, financiadas sobre todo con fondos públicos, y que ha supuesto compartir conocimiento científico. De modo que es muy comprensible el alivio que en buena parte de la ciudadanía ha despertado saber que contamos con una vacuna eficaz, que es razonablemente segura y que puede disminuir los casos de coronavirus. Si bien hay que ser plenamente conscientes de que subsisten algunos importantes interrogantes, como su impacto en los episodios graves o el tiempo que durará la inmunidad en las personas que reciban la vacuna.

Tampoco debemos pasar por alto los privilegios que representan para los laboratorios la comercialización de las vacunas; las cuantiosas subvenciones públicas de las que se han beneficiado, dinero de tod@s que debería haber estado asociado a una estricta condicionalidad, que, sin embargo, no ha existido. A cambio de ese apoyo no se ha exigido a estas empresas un compromiso en materia de bajos precios y supresión o congelación de las patentes. La defensa de estas -que no sólo encontramos en las corporaciones afectadas, sino en las instituciones y gobiernos comunitarios, también en el español- no es otra cosa que una privatización del conocimiento científico, lo cual imposibilita un acceso justo a medicamentos y vacunas. Estas empresas están cosechando enormes ganancias con las compras masivas realizadas por los países comunitarios, el Reino Unido y Estados Unidos, y por las espectaculares subidas en bolsa de sus acciones, que sobre todo están beneficiando a los principales ejecutivos y grandes accionistas. A todo ello, se suman las garantías que los gobiernos han ofrecido a los laboratorios en caso de reclamaciones por los efectos adversos que puedan surgir con la aplicación de la vacuna.

Hay que ser conscientes, asimismo, de que la vacuna sólo llegará a una parte relativamente pequeña de la población mundial -resulta que los pobres también existen-. Los gobiernos de estos países, muchos de ellos atrapados en un bucle de deuda insostenible, carecen del margen presupuestario para hacer frente al coste de la vacunación masiva de su población. Las iniciativas en materia de reestructuración de la deuda externa y de ayuda externa están siendo a todas luces insuficientes. Así pues, miles de millones de personas continuarán en situación de vulnerabilidad extrema, expuestos a esta y otras enfermedades. Y no hay que olvidar que su vulnerabilidad también es la nuestra.

Por lo demás, las causas estructurales de la pandemia, que tienen que ver con el modo de producir y consumir característico del capitalismo y la lógica globalizadora, con la expansión del agrobusiness industrial, con la degradación y alteración de los ecosistemas, con la internacionalización de los procesos productivos, con el crecimiento del comercio internacional han sido ignoradas en las agendas de los gobiernos y las instituciones; atrapados entre las urgencias de la crisis económica y social y las necesidades perentorias que se derivan de la misma, por un lado, y la presión de las grandes corporaciones y las elites empresariales y financieras, por otro lado.  

Igualmente, a diferencia de lo que sostiene la propaganda oficial con el lema “no dejar a nadie atrás”, mucha gente se está quedando en el camino, sin trabajo o con empleos precarios, con salarios que no cubren las necesidades más básicas, con una parte de población en situación de pobreza severa, con las implicaciones que ello tiene en términos de vulnerabilidad, tanto en términos económicos como de salud. Hay que volver la mirada a los determinantes sociales de la salud y abordar mediante políticas públicas la mejora de las condiciones de vida de las clases populares, con lo hecho hasta ahora no toda la población superará la crisis, a pesar de que ahora tengamos una vacuna.

En definitiva, la “ventana de oportunidad” que, en teoría, abría la crisis y que tanto se ha aireado, se está convirtiendo en realidad en una defensa cerrada de los privilegios asociados al mantenimiento del actual estado de cosas. Y las instituciones estatales y globales, más preocupadas por preservarlo y por evitar el descalabro del mundo capitalista desarrollado, no están llevando a cabo una política a la altura del enorme desafío que representan las crisis actuales, de las que la pandemia tan sólo es una dramática consecuencia. 

¿Aumentar el salario mínimo? Por supuesto

Fernando Luengo, economista
Víctor Prieto, politólogo

Todos a una contra la subida del salario mínimo -muy moderada, por cierto- anunciada por el gobierno de coalición. Esta es la consigna del establishment económico, político y mediático. Es raro el día en que no encontramos un editorial -hace poco el diario El País nos regalaba uno-, un documento, una declaración o una mesa de tertulian@s donde se previene sobre las adversas consecuencias que tendría esa medida.

Con los más diversos argumentos, que podemos resumir en tres. En primer lugar, dicha subida es inoportuna, no es el momento, cuando aún no hemos superado la pandemia ni las consecuencias devastadoras de la crisis económica y social, cuando hay que concentrar todos los esfuerzos en la salida de la misma; en segundo lugar, de producirse dicha subida ahora, contribuiría a deteriorar aún más la crítica situación de las empresas, sobre todo de las de pequeñas y medianas dimensiones (pymes), particularmente golpeadas por la recesión; en tercer lugar, también perjudicaría a los trabajadores en situación más precaria cuyas retribuciones compiten con el salario mínimo, de modo que sus empleos se verían amenazados o directamente no serían contratados ante la subida de los costes laborales.

¡Atención a las razones puestas sobre la mesa, que pretenden reivindicar un sentido común evidente e incuestionable, pero que, en nuestra opinión, de ninguna manera pueden ser aceptadas! 

Es evidente que en estos meses el escenario ha cambiado de manera sustancial, vivimos en una situación de emergencia, que, muy posiblemente, se prolongará en el tiempo. Desde luego, ese escenario nada tiene que ver con el que existía cuando las fuerzas políticas que integran el gobierno -Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos- y las que le prestaron su apoyo acordaron el programa que aplicarían a lo largo de la legislatura. 

Llegados a este punto queremos llamar la atención sobre algo obvio, que casi siempre queda diluido en medio de la confrontación política y de los dictados de la coyuntura: los programas electorales y de gobierno se diseñan para ser cumplidos, son un contrato con la ciudadanía que obliga a los partidos que los presentan, mucho más si alcanzan posiciones de poder para aplicarlos, y mucho más todavía si se reclaman de izquierdas. Dar gato por liebre a los votantes se ha convertido en un hábito que practica buena parte de la clase política, un verdadero cáncer que lanza un mensaje muy peligroso, del que sobre todo sacan rédito las derechas, cínicas y tramposas por naturaleza: todos los políticos son iguales, todos mienten.

Pero lo que nos parece más importante es que precisamente ahora, ante una crisis que está suponiendo un dramático e histórico crecimiento de la inequidad, son más necesarias que nunca las políticas redistributivas, entre las cuales está, justamente, el aumento del salario mínimo. Téngase en cuenta al respecto que una de las causas del formidable aumento de la desigualdad se encuentra en que los trabajadores en situación más precaria son los que peor lo están pasando, bien porque han perdido su empleo, bien porque han visto como su salario se reducía sustancialmente. Y no nos referimos solo a las pymes. Los “ajustes” salariales también son moneda común entre los grandes establecimientos.

Hay que señalar, por otro lado, que, como han puesto de manifiesto numerosos trabajos teóricos y empíricos, no es cierto que la existencia de un salario mínimo y su fijación en un nivel decente perjudique la creación de empleo. Este planteamiento encaja en la visión más rancia del pensamiento económico conservador, que, desgraciadamente, todavía impregna la enseñanza de la economía en las universidades y la agenda de gobiernos e instituciones. Según la misma, presionar a la baja los salarios -también el salario mínimo- es la mejor política ocupacional, pues reduce los costes, recompone los márgenes empresariales, estimula la inversión y mejora la productividad. 

Lo cierto, sin embargo, es que esta política, además de ser responsable de provocar un continuo aumento de la inequidad, sin haber alcanzado las metas propuestas en materia de inversión y productividad, ha generado empleo insuficiente, situando una parte creciente del mismo cerca o por debajo de los niveles de la pobreza. Presionar sobre los salarios, aunque a corto plazo pueda tener un efecto positivo sobre las empresas que se benefician de la reducción de los costes operativos, es muy perjudicial para el funcionamiento de la economía en su conjunto. No sólo porque debilita la demanda, sino también, y esta es una circunstancia muy importante sobre la que no debemos pasar por alto, porque genera un modelo de negocio profundamente conservador y depredador. Por el contrario, el mantenimiento y mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y, en concreto, la existencia y fortalecimiento del salario mínimo es la piedra angular de una política destinada a la creación de empleo, al estimular la demanda y la inversión de las empresas. Alimenta, además, una cultura empresarial innovadora, sustentada en la negociación colectiva y en el respeto de los derechos humanos y laborales.

Centrar el debate en los efectos supuestamente perturbadores de un moderado aumento del salario mínimo nos parece, además de erróneo, inmoral. Si se quiere reflexionar sobre la configuración y orientación de la política de rentas, hay que hablar, por decencia y por coherencia, de las enormes retribuciones de los ejecutivos y directivos de las corporaciones, los cuales se embolsan enormes cantidades de dinero, varios cientos de veces superiores al salario medio de los trabajadores de sus empresas y a años luz del salario mínimo, convirtiéndose en uno de los principales factores de descapitalización y de la mala gestión de las empresas. Y, claro está, también hay que situar en el debate las rentas no salariales, los dividendos recibidos por los accionistas, las rentas de naturaleza financiera y las derivadas de la acumulación de grandes patrimonios. 

Todo esto queda fuera de foco, no interesa. Ni se habla, ni, lo más importante, se actúa sobre este tipo de rentas y sobre los grupos que las reciben. Si nos tomamos en serio, si no es un simple juego retórico, que la crisis abre una oportunidad para las clases populares, es crucial situar en el centro de la agenda pública y política este debate. Diseñar y aplicar una ambiciosa política de rentas, que, para que sea merecedora de este nombre, está obligada a reducir los privilegios de las elites. Esto es lo que esperaríamos de un gobierno de izquierdas.

La crisis sanitaria se nos presenta a menudo como un sustancial cambio de rumbo respecto a las políticas aplicadas tras la crisis económica de 2008. Pero ese cambio, que trae consigo un fuerte incremento del gasto público, según el Plan de Recuperación del Gobierno, para sostener y transformar el tejido productivo, ha de implicar la salvaguarda y consolidación del poder adquisitivo de los trabajadores. Y para ello es fundamental, entre otras medidas, la actualización del salario mínimo. 

Sin esto, la llegada de los fondos europeos a partir de 2021 podría acabar afianzando la tendencia de los últimos años hacia un crecimiento económico y una disminución del desempleo unidos al empobrecimiento de los propios trabajadores y trabajadoras. Está en juego la naturaleza de la anunciada recuperación tras la pandemia. Que el Estado haya recuperado la centralidad de la vida económica debe implicar una serie de condiciones al resto de agentes económicos. No hay excusas. 

Dinero público, ¿para qué, para quién?

Fernando Luengo Escalonilla, economista
Miguel Urbán, eurodiputado

En las últimas décadas, el manual de política económica aplicado tanto por gobiernos conservadores como socialistas, y exigido por las instituciones comunitarias y por los organismos monetarios y financieros internacionales, incluía un principio básico: la austeridad presupuestaria. 

Se consideraba que la reducción del déficit y de la deuda públicos representaba la quintaesencia de las buenas prácticas económicas. Avanzar por esa senda era, según la concepción dominante, la condición necesaria y hasta suficiente para conseguir una economía próspera y eficiente. La recompensa era el crecimiento del Producto Interior Bruto, que, siguiendo la misma línea argumental, beneficiaba a empresarios y trabajadores, a los poderes públicos y al conjunto de la población. Un juego de suma positiva, en suma.

Pero la formidable crisis económica, social y de salud pública que estamos viviendo se ha llevado por delante el sacrosanto principio neoliberal del ajuste presupuestario permanente. Los mismos que antes levantaban esta bandera, ahora toleran, exigen incluso, que los gobiernos se endeuden hasta las cejas y aumenten lo necesario los déficits públicos, así como que los bancos centrales acudan a medidas heterodoxas para proveer de financiación a entidades financieras y corporaciones. 

Un discurso del que han hecho bandera las elites empresariales, las grandes corporaciones, las patronales más importantes y los grupos de presión que representan estos intereses… sí, los mismos que, hasta hace bien poco, alimentaban el discurso de la ineficiencia y del despilfarro de lo público, ahora reclaman que el Estado, con el dinero de tod@s, acuda a rescatar sus negocios. Una nueva entrega de la clásica regla neoliberal de privatizar los beneficios y socializar las perdidas. 

En todo caso, no podemos ni debemos olvidar cómo en la anterior crisis del 2008, una vez que se sanearon las cuentas de bancos y empresas con dinero publico, el discurso de la “austeridad” (para las clases populares, por supuesto, los de arriba no conocen el significado de este término) volvió con renovada fuerza. En este sentido, resulta preocupante que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España ya estén advirtiendo de que, una vez superada esta situación de excepcionalidad, los gobiernos deberán proceder a realizar ajustes presupuestarios; y que la Comisión Europea insista en que en absoluto ha abolido el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, tan sólo ha abierto un paréntesis en su implementación, con la idea de retomarlo cuando remonte la crisis.

Ahora, la batalla no se libra en el terreno de la “austeridad presupuestaria”, que ningún actor significativo está reivindicando, al menos a corto plazo, sino en el acceso a los recursos públicos y en la financiación de los mismos. La propaganda política y los grandes medios de comunicación se empeñan en colar la idea de que tod@s estamos en el mismo barco, que el virus no conoce de clases sociales, ¡es democrático! En nuestra opinión estamos, más bien, en un escenario de disputa y no de consenso; un escenario donde los de arriba están imponiendo, de hecho, las reglas del juego que son más favorables a sus intereses. Una pelea desigual, dada la actual correlación de fuerzas.

En este contexto de aumento del gasto publico, los mejor posicionados vuelven a ser los multimillonarios y las grandes corporaciones. Se habla y mucho sobre la transición ecoenergética y la lucha contra la inequidad, sobre lo público como eje de una economía solidaria y sostenible, sobre la salud y la educación como derechos ciudadanos básicos, sobre la necesidad de convertir la crisis en una ventana de oportunidad para levantar los cimientos de otra economía… pero cada vez más se impone el discurso de la “reconstrucción”, de la “reactivación de la actividad económica”, de la vuelta a la “normalidad”, un planteamiento que favorece claramente a las elites, que se reivindican como piezas claves e insustituibles de ese proceso y que, en consecuencia, pretenden desempeñar un papel destacado en la asignación de los dineros públicos.

Cuentan, además, con la capacidad de presión que se deriva de su poder económico, que no ha dejado de aumentar antes y durante la crisis, poder derivado de una enorme concentración de la renta y la riqueza, que cada vez es más pronunciado, y que supone un autentico secuestro de la democracia. Porque el maridaje entre poder económico y político -cuyo elemento más visible son las puertas giratorias, pero que también se refleja en los múltiples espacios compartidos, en las conexiones familiares y accionariales, en la oligopolización de la estructura empresarial y en el control de los grandes medios de comunicación- está condicionando de manera crucial tanto la financiación como la distribución de los recursos públicos. 

Ese condicionamiento sin duda existe cuando, por ejemplo, el Banco Central Europeo beneficia con su actuación a los principales actores en los mercados financieros proporcionándoles recursos en condiciones privilegiadas, o cuando rechaza actuar directamente sobre la deuda pública de los gobiernos, o cuando confecciona la lista de las corporaciones que accederán a los programas de compra de bonos. Existe, asimismo, condicionamiento cuando la Comisión Europea decide pasar de puntillas sobre la progresividad tributaria, cuando el gobierno renuncia a imponer una fiscalidad fuerte sobre las grandes fortunas y patrimonios y sobre las grandes corporaciones, abriendo de esta manera la espita de la deuda y colocando las finanzas públicas en la órbita de los mercados financieros que gestionan esa deuda; y también cuando se acuerda inyectar grandes cantidades de liquidez en grandes empresas sin que haya existido un debate de la ciudadanía sobre las condiciones que deben presidir las ayudas presupuestarias. Esto es la política, la mala política. 

Aumentar el presupuesto público de manera sustancial es condición necesaria para afrontar la crisis -no nos detenemos en este punto, pero creemos que el Plan de Recuperación y Resiliencia lanzado desde la Comisión Europea no ha estado a la altura de la encrucijada histórica que viven las economías comunitarias, especialmente las meridionales-, pero en absoluto es suficiente. 

Es necesario preguntarse si el esfuerzo presupuestario y el endeudamiento de los Estados conducirá a nuevos planes de austeridad y ajuste, o si se hará pagar a quienes más tienen. En nuestra opinión, es urgente situar en la agenda política el reparto de la riqueza, defender la idea de que las rentas altas y los grandes patrimonios deben ser gravados en beneficio de los intereses colectivos. Como hemos señalado anteriormente, este planteamiento no aparece en la agenda del gobierno de coalición, ni tampoco en la de las instituciones comunitarias. Es aquí donde se vuelve a apreciar el poder de los de arriba, de esos que no se presentan a las elecciones, pero que marcan la hoja de ruta de las instituciones publicas.

Somos plenamente conscientes de que las inercias y las resistencias son muy fuertes y los intereses asociados a las mismas para mantener el estatus quo son muy poderosos. Pero la apuesta de las izquierdas no pude ser otra que poner en el centro de la acción política lo público y la justicia, la vida de las personas y la del planeta. Porque es mucho lo que está en juego.

La defensa de la salud pública necesita otra economía

Carmen San José, médica de familia
Fernando Luengo Escalonilla, economista

El dilema entre salud y economía, que nos obliga a elegir entre una u otra, a pesar del sentido común que parece latir en esta afirmación, es falso y equívoco, 

Hemos comprobado en los últimos meses que la pandemia puede quebrar la economía (interrupción de las cadenas de aprovisionamiento de las firmas, brusco desplome de los mercados, cierre de establecimientos, masiva destrucción de puestos de trabajo, notable caída del consumo y de la inversión); y a la inversa, que la precipitación por volver a la “normalidad” económica, intentando restablecer las condiciones previas a la irrupción del COVID-19, puede tener consecuencias muy negativas en términos de salud (extensión de los contagios y aumento de la mortalidad). Creemos, no obstante, que instalar nuestra argumentación en ese dilema nos lleva a conclusiones erróneas. 

En las últimas décadas, con gobiernos conservadores y socialistas, se han aplicado políticas que empeoraban la salud colectiva, que es la que nos importa a la mayoría de la población y que constituye una pieza clave en las políticas de igualdad. El ejemplo más claro se encuentra en las denominadas políticas de ajuste presupuestario -ajuste que, por cierto, no han conocido los poderosos-, justificadas en la necesidad de liberar recursos desde el “ineficiente” sector público y dirigirlos hacia el “eficiente” sector privado, para, de esta manera, fortalecer el crecimiento económico. 

Instalados en este mantra, que se ha demostrado completamente falso, los sucesivos gobiernos, con la bendición y exigencia de las instituciones comunitarias, han aplicado drásticos y continuos recortes en las partidas sociales y, más concretamente, en las destinadas al Sistema Nacional de Salud. Todo ello formaba parte de una estrategia, aplicada sin contemplaciones, consistente en entrar a saco en el espacio social público para convertirlo en negocio, en mercado, favoreciendo las subcontrataciones y privatizaciones.

Hay que insistir en este punto, porque la vieja economía, la que ha prevalecido en las últimas décadas, es culpable del deterioro de la sanidad pública, y del conjunto de los servicios sociales (un ejemplo dramático de esta situación la hemos podido comprobar en las Residencias de Personas Mayores); también del aumento de la desigualdad y de la pobreza, de la degradación de las relaciones laborales y de los ecosistemas. Ha sido una economía contra la vida, de la que se han beneficiado las elites. Los partidos y gobiernos responsables de aplicar esas políticas ahora dicen defender la salud pública, pero la realidad es que han sido un factor clave en su erosión. 

El resultado es que nos encontramos con un sistema sanitario sumamente debilitado para afrontar la lucha contra la pandemia. Cuando se escriben estas líneas, el COVID-19 está muy lejos de haber sido controlado -de hecho, se encuentra en pleno proceso de expansión- y todavía está causando estragos entre la población. 

Pero no se trata sólo de la pandemia. Hay un problema general sanitario, exacerbado porque buena parte de los recursos disponibles, claramente insuficientes, tienen que dedicarse a enfrentar su progresión, a la espera de que estén listas vacunas o tratamientos eficaces. Mientras, la ciudadanía asiste impotente al aplazamiento de consultas de especialistas y de intervenciones quirúrgicas que ya estaban programadas, a la demora de citas en la Atención Primaria, o a la sustitución de las consultas presenciales por consultas telefónicas; en este contexto, todas las patologías se agravan y ganan fuerza otras relacionadas con la tristeza, la ansiedad, la soledad, la depresión… El resultado es que el estado general de salud de la población empeora y aumentan las cifras de mortalidad.

Desgraciadamente, todo esto ocupa un segundo plano o simplemente se omite. Buena parte del debate político -que se ha convertido en un exasperante rifirrafe de acusaciones recíprocas- y de la atención de los medios de comunicación están centrados en las cifras de la pandemia, cuyo significado real muy pocos comprenden, o en la pertinencia y duración de las medidas de confinamiento.

Es en esta situación cuando necesitamos reivindicar con fuerza la economía. No la vieja, la que ha fracasado, la que es responsable de la pandemia, la que defiende los privilegios de las elites, la que, en definitiva, promueven los que pretenden retornar cuanto antes a la normalidad del “business as usual”. El fortalecimiento de la sanidad pública -la que ha demostrado que salva vidas- necesita de la “buena economía” y un gobierno comprometido con la misma… Pero no parece que a esto apunte el Plan Presupuestario para 2021 enviado por el ejecutivo a Bruselas.

El desafío que tenemos por delante no se resuelve con medidas solo de confinamiento, que pueden ser necesarias en momentos como el que estamos viviendo (estamos asistiendo a un preocupante crecimiento en el número de contagios). Éstas herramientas excepcionales solo tienen sentido, sólo son útiles, si al mismo tiempo se implementa un ambicioso plan de emergencia, sostenido con fondos públicos, destinado a contratar personal, con remuneraciones decentes, en los distintos Servicios de Salud, reforzando aquellos sectores que se han demostrado claves para atajar la pandemia como son la Atención Primaria y la Salud Pública; mejorar con urgencia las infraestructuras, tan deterioradas por los recortes, para poder atender a la población con seguridad; y hacer acopio del material necesario para que no se repita lo vivido en la primera ola. 

La suspensión temporal del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, los bajos tipos de interés y la financiación que recibirá nuestro país de la Unión Europea con cargo al Fondo de Recuperación para Europa ofrecen al gobierno un amplio margen para actuar en esa dirección. Para complementar los recursos anteriores y para que la acción del gobierno esté presidida por criterios de equidad, ese margen puede y debe ampliarse con medidas destinadas a introducir más progresividad en el sistema fiscal. Estas medidas son, por lo demás, imprescindibles si no se quiere que el necesario esfuerzo presupuestario dispare al alza una deuda pública que ya se encuentra en niveles muy elevados y que puede terminar suponiendo una pesada hipoteca para la acción gubernamental.

Esta es la buena economía que hay que reivindicar con fuerza. De las derechas no esperamos nada. Somos consciente de que tan sólo buscan emponzoñar el clima político en el contexto de una estrategia que no tiene otro objetivo que poner contra las cuerdas a este gobierno y, si es posible, derribarlo. También sabemos que allá donde gobiernan aplican políticas para acabar con la sanidad pública y crear espacios de negocio para el sector sanitario privado. Son la izquierda política, los partidos que se reclaman progresistas, los movimientos sociales y la ciudadanía organizada los que tenemos que estar a la altura de este inmenso desafío, consistente en impulsar políticas que beneficien la salud colectiva y que, en definitiva, pongan a las personas en el centro de todo.

Pedro Sánchez promete crear 800000 puestos de trabajo

Muy bien el objetivo de crear 800000 puestos de trabajo. Hay que poner el empleo en el centro mismo de una política económica de izquierdas; siempre, y ahora con más razón todavía. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo se situaba en el segundo trimestre de 2020 en el 15,3% (el desempleo real, que incluye a las personas que no figuran en las estadísticas oficiales y los infraempleados, es mucho más elevado). 

Frente a los escenarios más optimistas diseñados al comienzo de la pandemia, que contemplaban una pronta recuperación, las previsiones más recientes realizadas por los organismos e instituciones especializados se inclinan por un panorama mucho más sombrío, caracterizado por una crisis prolongada y, en el mejor de los casos, por un lento e inestable crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), donde el desempleo superaría con creces los niveles actuales.

Pero, en mi opinión, siendo importante la generación de empleo, la cuestión fundamental para un gobierno comprometido con el bienestar de la ciudadanía, no es sólo ni tanto la cantidad de puestos de trabajo, sino su calidad y sostenibilidad.

El gobierno de Rajoy, en su última etapa, cuando el PIB de nuestra economía se movía en territorio positivo y crecía por encima del promedio comunitario (el 2,7% entre 2014 y 2018, frente al 2,1% del conjunto de la Unión Europea, UE), presentaba como uno de sus principales logros, quizá el más importante, la gran cantidad de puestos de trabajo generados, notablemente superior a la cifra que ahora compromete el gobierno de coalición para el próximo trienio… y era verdad. En efecto, en esos años el volumen de empleo neto aumentó en casi dos millones de personas, lo que, en términos porcentuales, se tradujo en un 11%, el mayor de toda la UE. La tasa de desempleo se redujo en nueve puntos porcentuales hasta situarse en un 15,6%.

El problema residía en que esos empleos estaban asociados a un crecimiento inestable, que ya estaba dando muestras de debilidad, y, lo más importante, en su mayor parte eran precarios, temporales, a tiempo parcial y de bajos salarios. Los contratos a tiempo parcial y temporales alcanzaban en 2018 el 40% de la ocupación total, mientras que la capacidad adquisitiva de los trabajadores -medida por la compensación real por empleado, deflactada por el índice de precios al consumo- retrocedió entre 2014 y 2018 un 1,4%.

Por esa razón, el gran desafío de este gobierno consiste en que los empleos sean al mismo tiempo suficientes y decentes. Esto quiere decir que garanticen derechos, permitan una vida digna y que se inscriban en una lógica de sostenibilidad. Para avanzar en esta dirección, que no será nada fácil en las condiciones actuales, será necesario, por supuesto, movilizar una cantidad sustancial de recursos públicos y contar con el respaldo financiero de las instituciones comunitarias, todo ello materializado en unos Presupuestos Generales del Estado de emergencia. 

La tibieza con que el gobierno presidido por Pedro Sánchez aborda una reforma fiscal hacia una mayor progresividad, reforma que simplemente no admite demoras, y las lagunas e incógnitas que subyacen en lo que concierne al apoyo comunitario (ver a este respecto Lluvia de millones de Europa) matizan mucho la autocomplaciente presentación de Pedro Sánchez del nuevo presupuesto, que debería ser la piedra angular para superar la crisis y cambiar la economía. En todo caso, es claro que el presupuesto que está en curso de aprobación -que las derechas intentan tumbar por todos los medios para de esta manera llevarse por delante al gobierno de coalición en su actual configuración- supone un cambio sustancial en la dinámica austeritaria de los últimos años. 

Pero la calidad del empleo, a la que antes hacía referencia y que debería ser la apuesta fundamental de este gobierno, dependerá, además del volumen de financiación movilizada, de los programas y los actores que canalicen y gestionen los recursos, de que los derechos laborales y ciudadanos de los trabajadores estén plenamente garantizados y de la voluntad política del gobierno en materia social. Desde esta perspectiva, será fundamental que el gobierno exija a los receptores del dinero público limitar las retribuciones de los altos ejecutivos y posponer el pago de dividendos a los accionistas, garantizar la negociación colectiva, prohibir la realización de horas extraordinarias, mantener el empleo y los salarios, asegurar la igualdad de género y presentar de un plan detallado, con plazos concretos para su cumplimiento, en materia de protección medioambiental. Es decisivo, asimismo, que el gobierno cumpla con su compromiso de derogar completamente las reformas laborales de 2010 y 2012 y promueva una nueva regulación que facilite la creación de empleo con derechos. Por último, considero imprescindible el lanzamiento de una Renta Básica Universal de Emergencia, en lugar del fracasado Ingreso Mínimo Vital, que, además de poner un eficaz suelo al empobrecimiento de la ciudadanía, empodera a los trabajadores, que ya no estarían obligados a aceptar cualquier empleo para sobrevivir, y crea las condiciones para promover la redistribución de la fuerza de trabajo asociada a la inevitable reestructuración empresarial, exigida por la crisis y por la puesta en pie de una nueva economía.

Lluvia de millones de Europa

El debate europeo ha pasado por diferentes fases en los últimos años. Durante la mayor parte del tiempo ha ocupado, en la práctica, un lugar insignificante en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea (UE). El mensaje trasladado a la ciudadanía, que ha parasitado y condicionado ese debate, era inequívoco: había que cumplir a rajatabla las exigencias en materia de deuda y déficits públicos, objetivos contenidos en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento (PEC). Como mucho, aquí estaba una parte importante de las izquierdas, había que intentar aprovechar y forzar las rendijas legales e institucionales con el objeto de flexibilizar esas normas. Sigue leyendo

L@s trabajador@s necesitan la renta básica

El desempleo real, en el Estado español y en el resto de países europeos, ya era muy elevada antes de la irrupción de la pandemia. Están realmente desempleados los que buscan activamente un trabajo y esta registrados en las estadísticas oficiales; pero también los que, desanimados, han desaparecido de esos registros y tratan de sobrevivir en la economía sumergida o directamente ya no buscan un empleo y pasan a depender de las insuficientes redes de protección social; los que quieren trabajar a tiempo completo, pero sólo consiguen contratos a tiempo parcial. Sumando estas categorías, las estadísticas oficiales de desempleo, que ya son muy elevadas, se duplican. Sigue leyendo

El Banco de España contra las pensiones y nuestros derechos

Fernando Luengo y Manuel Garí, economistas

 El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha asegurado recientemente que hay que buscar fórmulas alternativas a las actuales para garantizar las pensiones en el futuro, pues, en su opinión, el sistema actual es absolutamente insostenible desde el punto de vista financiero[1].

En un tono parecido, tres meses antes de su nombramiento, su predecesor, Luis María Linde, sin consideración alguna por las dificultades reales de supervivencia (y con mayor razón de ahorro) de gran parte de la clase trabajadora empobrecida y en plena crisis de los desahucios, llegó a afirmar sin escrúpulo alguno que “sería bueno que la gente no solo invirtiese en vivienda, sino también un poco en activos financieros”, a la par que colaba el manido mensaje de que veía difícil poder sufragar la revalorización de las pensiones en caso de vincularlas al Índice de Precios al Consumo (IPC)[2]. Sigue leyendo