La defensa de la salud pública necesita otra economía

Carmen San José, médica de familia
Fernando Luengo Escalonilla, economista

El dilema entre salud y economía, que nos obliga a elegir entre una u otra, a pesar del sentido común que parece latir en esta afirmación, es falso y equívoco, 

Hemos comprobado en los últimos meses que la pandemia puede quebrar la economía (interrupción de las cadenas de aprovisionamiento de las firmas, brusco desplome de los mercados, cierre de establecimientos, masiva destrucción de puestos de trabajo, notable caída del consumo y de la inversión); y a la inversa, que la precipitación por volver a la “normalidad” económica, intentando restablecer las condiciones previas a la irrupción del COVID-19, puede tener consecuencias muy negativas en términos de salud (extensión de los contagios y aumento de la mortalidad). Creemos, no obstante, que instalar nuestra argumentación en ese dilema nos lleva a conclusiones erróneas. 

En las últimas décadas, con gobiernos conservadores y socialistas, se han aplicado políticas que empeoraban la salud colectiva, que es la que nos importa a la mayoría de la población y que constituye una pieza clave en las políticas de igualdad. El ejemplo más claro se encuentra en las denominadas políticas de ajuste presupuestario -ajuste que, por cierto, no han conocido los poderosos-, justificadas en la necesidad de liberar recursos desde el “ineficiente” sector público y dirigirlos hacia el “eficiente” sector privado, para, de esta manera, fortalecer el crecimiento económico. 

Instalados en este mantra, que se ha demostrado completamente falso, los sucesivos gobiernos, con la bendición y exigencia de las instituciones comunitarias, han aplicado drásticos y continuos recortes en las partidas sociales y, más concretamente, en las destinadas al Sistema Nacional de Salud. Todo ello formaba parte de una estrategia, aplicada sin contemplaciones, consistente en entrar a saco en el espacio social público para convertirlo en negocio, en mercado, favoreciendo las subcontrataciones y privatizaciones.

Hay que insistir en este punto, porque la vieja economía, la que ha prevalecido en las últimas décadas, es culpable del deterioro de la sanidad pública, y del conjunto de los servicios sociales (un ejemplo dramático de esta situación la hemos podido comprobar en las Residencias de Personas Mayores); también del aumento de la desigualdad y de la pobreza, de la degradación de las relaciones laborales y de los ecosistemas. Ha sido una economía contra la vida, de la que se han beneficiado las elites. Los partidos y gobiernos responsables de aplicar esas políticas ahora dicen defender la salud pública, pero la realidad es que han sido un factor clave en su erosión. 

El resultado es que nos encontramos con un sistema sanitario sumamente debilitado para afrontar la lucha contra la pandemia. Cuando se escriben estas líneas, el COVID-19 está muy lejos de haber sido controlado -de hecho, se encuentra en pleno proceso de expansión- y todavía está causando estragos entre la población. 

Pero no se trata sólo de la pandemia. Hay un problema general sanitario, exacerbado porque buena parte de los recursos disponibles, claramente insuficientes, tienen que dedicarse a enfrentar su progresión, a la espera de que estén listas vacunas o tratamientos eficaces. Mientras, la ciudadanía asiste impotente al aplazamiento de consultas de especialistas y de intervenciones quirúrgicas que ya estaban programadas, a la demora de citas en la Atención Primaria, o a la sustitución de las consultas presenciales por consultas telefónicas; en este contexto, todas las patologías se agravan y ganan fuerza otras relacionadas con la tristeza, la ansiedad, la soledad, la depresión… El resultado es que el estado general de salud de la población empeora y aumentan las cifras de mortalidad.

Desgraciadamente, todo esto ocupa un segundo plano o simplemente se omite. Buena parte del debate político -que se ha convertido en un exasperante rifirrafe de acusaciones recíprocas- y de la atención de los medios de comunicación están centrados en las cifras de la pandemia, cuyo significado real muy pocos comprenden, o en la pertinencia y duración de las medidas de confinamiento.

Es en esta situación cuando necesitamos reivindicar con fuerza la economía. No la vieja, la que ha fracasado, la que es responsable de la pandemia, la que defiende los privilegios de las elites, la que, en definitiva, promueven los que pretenden retornar cuanto antes a la normalidad del “business as usual”. El fortalecimiento de la sanidad pública -la que ha demostrado que salva vidas- necesita de la “buena economía” y un gobierno comprometido con la misma… Pero no parece que a esto apunte el Plan Presupuestario para 2021 enviado por el ejecutivo a Bruselas.

El desafío que tenemos por delante no se resuelve con medidas solo de confinamiento, que pueden ser necesarias en momentos como el que estamos viviendo (estamos asistiendo a un preocupante crecimiento en el número de contagios). Éstas herramientas excepcionales solo tienen sentido, sólo son útiles, si al mismo tiempo se implementa un ambicioso plan de emergencia, sostenido con fondos públicos, destinado a contratar personal, con remuneraciones decentes, en los distintos Servicios de Salud, reforzando aquellos sectores que se han demostrado claves para atajar la pandemia como son la Atención Primaria y la Salud Pública; mejorar con urgencia las infraestructuras, tan deterioradas por los recortes, para poder atender a la población con seguridad; y hacer acopio del material necesario para que no se repita lo vivido en la primera ola. 

La suspensión temporal del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, los bajos tipos de interés y la financiación que recibirá nuestro país de la Unión Europea con cargo al Fondo de Recuperación para Europa ofrecen al gobierno un amplio margen para actuar en esa dirección. Para complementar los recursos anteriores y para que la acción del gobierno esté presidida por criterios de equidad, ese margen puede y debe ampliarse con medidas destinadas a introducir más progresividad en el sistema fiscal. Estas medidas son, por lo demás, imprescindibles si no se quiere que el necesario esfuerzo presupuestario dispare al alza una deuda pública que ya se encuentra en niveles muy elevados y que puede terminar suponiendo una pesada hipoteca para la acción gubernamental.

Esta es la buena economía que hay que reivindicar con fuerza. De las derechas no esperamos nada. Somos consciente de que tan sólo buscan emponzoñar el clima político en el contexto de una estrategia que no tiene otro objetivo que poner contra las cuerdas a este gobierno y, si es posible, derribarlo. También sabemos que allá donde gobiernan aplican políticas para acabar con la sanidad pública y crear espacios de negocio para el sector sanitario privado. Son la izquierda política, los partidos que se reclaman progresistas, los movimientos sociales y la ciudadanía organizada los que tenemos que estar a la altura de este inmenso desafío, consistente en impulsar políticas que beneficien la salud colectiva y que, en definitiva, pongan a las personas en el centro de todo.

Pedro Sánchez promete crear 800000 puestos de trabajo

Muy bien el objetivo de crear 800000 puestos de trabajo. Hay que poner el empleo en el centro mismo de una política económica de izquierdas; siempre, y ahora con más razón todavía. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo se situaba en el segundo trimestre de 2020 en el 15,3% (el desempleo real, que incluye a las personas que no figuran en las estadísticas oficiales y los infraempleados, es mucho más elevado). 

Frente a los escenarios más optimistas diseñados al comienzo de la pandemia, que contemplaban una pronta recuperación, las previsiones más recientes realizadas por los organismos e instituciones especializados se inclinan por un panorama mucho más sombrío, caracterizado por una crisis prolongada y, en el mejor de los casos, por un lento e inestable crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), donde el desempleo superaría con creces los niveles actuales.

Pero, en mi opinión, siendo importante la generación de empleo, la cuestión fundamental para un gobierno comprometido con el bienestar de la ciudadanía, no es sólo ni tanto la cantidad de puestos de trabajo, sino su calidad y sostenibilidad.

El gobierno de Rajoy, en su última etapa, cuando el PIB de nuestra economía se movía en territorio positivo y crecía por encima del promedio comunitario (el 2,7% entre 2014 y 2018, frente al 2,1% del conjunto de la Unión Europea, UE), presentaba como uno de sus principales logros, quizá el más importante, la gran cantidad de puestos de trabajo generados, notablemente superior a la cifra que ahora compromete el gobierno de coalición para el próximo trienio… y era verdad. En efecto, en esos años el volumen de empleo neto aumentó en casi dos millones de personas, lo que, en términos porcentuales, se tradujo en un 11%, el mayor de toda la UE. La tasa de desempleo se redujo en nueve puntos porcentuales hasta situarse en un 15,6%.

El problema residía en que esos empleos estaban asociados a un crecimiento inestable, que ya estaba dando muestras de debilidad, y, lo más importante, en su mayor parte eran precarios, temporales, a tiempo parcial y de bajos salarios. Los contratos a tiempo parcial y temporales alcanzaban en 2018 el 40% de la ocupación total, mientras que la capacidad adquisitiva de los trabajadores -medida por la compensación real por empleado, deflactada por el índice de precios al consumo- retrocedió entre 2014 y 2018 un 1,4%.

Por esa razón, el gran desafío de este gobierno consiste en que los empleos sean al mismo tiempo suficientes y decentes. Esto quiere decir que garanticen derechos, permitan una vida digna y que se inscriban en una lógica de sostenibilidad. Para avanzar en esta dirección, que no será nada fácil en las condiciones actuales, será necesario, por supuesto, movilizar una cantidad sustancial de recursos públicos y contar con el respaldo financiero de las instituciones comunitarias, todo ello materializado en unos Presupuestos Generales del Estado de emergencia. 

La tibieza con que el gobierno presidido por Pedro Sánchez aborda una reforma fiscal hacia una mayor progresividad, reforma que simplemente no admite demoras, y las lagunas e incógnitas que subyacen en lo que concierne al apoyo comunitario (ver a este respecto Lluvia de millones de Europa) matizan mucho la autocomplaciente presentación de Pedro Sánchez del nuevo presupuesto, que debería ser la piedra angular para superar la crisis y cambiar la economía. En todo caso, es claro que el presupuesto que está en curso de aprobación -que las derechas intentan tumbar por todos los medios para de esta manera llevarse por delante al gobierno de coalición en su actual configuración- supone un cambio sustancial en la dinámica austeritaria de los últimos años. 

Pero la calidad del empleo, a la que antes hacía referencia y que debería ser la apuesta fundamental de este gobierno, dependerá, además del volumen de financiación movilizada, de los programas y los actores que canalicen y gestionen los recursos, de que los derechos laborales y ciudadanos de los trabajadores estén plenamente garantizados y de la voluntad política del gobierno en materia social. Desde esta perspectiva, será fundamental que el gobierno exija a los receptores del dinero público limitar las retribuciones de los altos ejecutivos y posponer el pago de dividendos a los accionistas, garantizar la negociación colectiva, prohibir la realización de horas extraordinarias, mantener el empleo y los salarios, asegurar la igualdad de género y presentar de un plan detallado, con plazos concretos para su cumplimiento, en materia de protección medioambiental. Es decisivo, asimismo, que el gobierno cumpla con su compromiso de derogar completamente las reformas laborales de 2010 y 2012 y promueva una nueva regulación que facilite la creación de empleo con derechos. Por último, considero imprescindible el lanzamiento de una Renta Básica Universal de Emergencia, en lugar del fracasado Ingreso Mínimo Vital, que, además de poner un eficaz suelo al empobrecimiento de la ciudadanía, empodera a los trabajadores, que ya no estarían obligados a aceptar cualquier empleo para sobrevivir, y crea las condiciones para promover la redistribución de la fuerza de trabajo asociada a la inevitable reestructuración empresarial, exigida por la crisis y por la puesta en pie de una nueva economía.

Lluvia de millones de Europa

El debate europeo ha pasado por diferentes fases en los últimos años. Durante la mayor parte del tiempo ha ocupado, en la práctica, un lugar insignificante en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea (UE). El mensaje trasladado a la ciudadanía, que ha parasitado y condicionado ese debate, era inequívoco: había que cumplir a rajatabla las exigencias en materia de deuda y déficits públicos, objetivos contenidos en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento (PEC). Como mucho, aquí estaba una parte importante de las izquierdas, había que intentar aprovechar y forzar las rendijas legales e institucionales con el objeto de flexibilizar esas normas. Sigue leyendo

L@s trabajador@s necesitan la renta básica

El desempleo real, en el Estado español y en el resto de países europeos, ya era muy elevada antes de la irrupción de la pandemia. Están realmente desempleados los que buscan activamente un trabajo y esta registrados en las estadísticas oficiales; pero también los que, desanimados, han desaparecido de esos registros y tratan de sobrevivir en la economía sumergida o directamente ya no buscan un empleo y pasan a depender de las insuficientes redes de protección social; los que quieren trabajar a tiempo completo, pero sólo consiguen contratos a tiempo parcial. Sumando estas categorías, las estadísticas oficiales de desempleo, que ya son muy elevadas, se duplican. Sigue leyendo

El Banco de España contra las pensiones y nuestros derechos

Fernando Luengo y Manuel Garí, economistas

 El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha asegurado recientemente que hay que buscar fórmulas alternativas a las actuales para garantizar las pensiones en el futuro, pues, en su opinión, el sistema actual es absolutamente insostenible desde el punto de vista financiero[1].

En un tono parecido, tres meses antes de su nombramiento, su predecesor, Luis María Linde, sin consideración alguna por las dificultades reales de supervivencia (y con mayor razón de ahorro) de gran parte de la clase trabajadora empobrecida y en plena crisis de los desahucios, llegó a afirmar sin escrúpulo alguno que “sería bueno que la gente no solo invirtiese en vivienda, sino también un poco en activos financieros”, a la par que colaba el manido mensaje de que veía difícil poder sufragar la revalorización de las pensiones en caso de vincularlas al Índice de Precios al Consumo (IPC)[2]. Sigue leyendo

Pedro Sánchez y las empresas del IBEX

“España puede. Recuperación, transformación, resiliencia”. Este es el sugerente título de la conferencia con la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido comenzar el curso político. Celebrada en el Palacio de la Moncloa, ha contado con la presencia de representantes muy destacados de las empresas del IBEX, así como de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios y de las grandes patronales. Podría haber elegido otro escenario, otro formato; por ejemplo, un encuentro con representantes de la comunidad educativa y de la sanidad públicas, tan necesitadas de un decidido apoyo por parte de las administraciones públicas. Como supongo que el gobierno no da puntada sin hilo, seguro que el acto elegido es el resultado de una decisión muy meditada. Sigue leyendo

Salarios, pandemia y capitalismo

Se habla de que los salarios retrocederán en los próximos meses como consecuencia de la prolongación de la recesión o, en el mejor de los escenarios, del débil crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de la desfavorable evolución de la productividad del trabajo. Es cierto, pero hay que tener cuidado con el diagnóstico que se quiere colar con esa expresión, que parece puro sentido común, y las conclusiones que se extraen del mismo. Sigue leyendo

¿La crisis como oportunidad?

La crisis económica y social ha entrado con fuerza en nuestras vidas y todo apunta a que los próximos meses (y quizá años) serán durísimos: cierres empresariales e infrautilización de la capacidad productiva disponible, retraimiento de la demanda, destrucción de empleo y retroceso de los salarios, aumento de la desigualdad y de la pobreza, disputas comerciales e inestabilidad financiera. Ciertamente, estamos asistiendo a un colapso de la economía de proporciones históricas, sólo comparable a las devastaciones provocadas por los conflictos militares. Sigue leyendo