Bajar los salarios… la gran patronal siempre entona la misma música

Todas las previsiones apuntan a que estamos a las puertas de una crisis económica de dimensiones históricas que se prolongará en el tiempo. Los escenarios en forma de “V” o de “U” -recuperación de la actividad económica rápida o pausada- se han descartado y los que se manejan ahora describen más bien una “L” o una “J invertida” -desplome del Producto Interior Bruto seguido de un periodo de estancamiento o de leve crecimiento.

En este panorama, los datos de desempleo real (sensiblemente superior al registrado en las estadísticas oficiales) e infraempleo, que ya eran elevados antes de que estallara la crisis, con toda seguridad aumentarán. El choque inicial ha sido parcialmente mitigado con la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que han frenado los despidos masivos, con un considerable coste para las administraciones públicas, pero, previsiblemente, cuando concluya su periodo de vigencia, en el contexto de atonía e incertidumbre que acabo de presentar, la situación va a empeorar.

Para enfrentarse al desempleo, este es el mantra oficial, las patronales desempolvan las viejas recetas, las que apelan a la contención salarial. La justificación -antes, ahora y siempre- es la misma: dar oxígeno a las empresas, moderando o mejor aún reduciendo los costes laborales, para que puedan recomponer los márgenes de beneficio y de esta manera alcanzar los niveles de rentabilidad necesarios para su supervivencia y para mejorar su posición competitiva. Siempre en el supuesto de que en ese proceso las empresas encontrarán los estímulos necesarios para crear puestos de trabajo. Situemos en este contexto, las continuas críticas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y, más recientemente, las arremetidas contra la derogación de la reforma laboral; en realidad, tan sólo se pretende preservar las condiciones legales que hagan posible un ajuste salarial permanente. El escenario soñado y la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia les brinda una oportunidad para avanzar en esta dirección.

Todo se justifica por esa situación y por los supuestos efectos positivos del “trade-off”: reducción de salarios equivale a aumento del empleo. Ese pack, sin embargo, no ha funcionado antes y mucho menos lo va a hacer ahora. Recuerdan la ceguera ideológica y la colisión de intereses que justificaron y dieron vía libre a las medidas de austeridad salarial, en un contexto de contención del gasto público y de altos niveles de endeudamiento; políticas que agravaron la recesión, intensificaron la fractura social y postergaron la recuperación de la actividad económica, aunque, eso sí, contribuyeron al enriquecimiento de las elites.

Pero la desesperación, la incertidumbre, la certeza de que la situación económica puede empeorar y el empobrecimiento de muchos trabajadores juega a favor del ajuste salarial; conservar o acceder a un empleo, a pesar de que los salarios sean bajos o retrocedan. Este puede ser el dilema para un buen número de trabajadores y este puede ser el chantaje utilizado por muchas empresas.

Presionar sobre los costes laborales -además de injusto, siempre pagan los mismos- resulta claramente contraproducente. Lo que puede ser “bueno” para una empresa, al menos a corto plazo, tiene efectos devastadores para el conjunto de la actividad económica. Sí, una firma puede mejorar la cuenta de resultados congelando o reduciendo los salarios (los de la mayor parte de los trabajadores, porque los de los altos ejecutivos no están en esa “ambiciosa” agenda), pero ello tiene un efecto contractivo sobre el conjunto de la economía, pues reducirá el mercado para los bienes y servicios ofertados por las empresas, tanto en la esfera del consumo como de la inversión. El asunto no es en absoluto baladí. En un contexto de intensa contracción de la demanda, que se mantendrá débil en los próximos meses y quizá años, donde tendrá un papel destacado el ahorro de precaución, debilitar la capacidad de compra de los trabajadores tan sólo servirá para introducir a las economías en un profundo bucle recesivo.

¿Se aprecia una dinámica diferente desde la perspectiva de la oferta que justifique las políticas de represión salarial? En absoluto. Puede que no mejoren de manera sustancial la estructura de costes de las empresas, dado que, en muchos casos, los de naturaleza laboral representan sólo una parte de los costes totales. El problema no está en que los salarios sean elevados, sino más bien en unas estructuras productivas y organizativas ineficientes y en una cultura empresarial inercial y conservadora, que la desregulación de las relaciones laborales ha acentuado.

Pero, además, aplicar esas políticas representa un paso más, y ya hemos dado muchos en esta dirección, en las prácticas depredadoras del capital. Ante la manifiesta incapacidad de generar avances significativos en la productividad -salvo por la vía de los ajustes de plantilla-, las políticas extractivas ganan terreno, hasta convertirse en el ADN del capitalismo actual: expolio de los recursos naturales, entrada a saco en los espacios públicos para privatizarlos o mercantilizarlos e intensificación de la explotación laboral.

El gobierno no puede mantenerse distante ni indiferente ante esa deriva, máxime cuando está destinando una enorme cantidad de dinero de todos al mantenimiento, saneamiento y revitalización de las empresas. También deberían tomar nota las instituciones comunitarias que en estos días debaten un plan financiero (Next Generation EU, en su expresión inglesa) para enfrentar la pandemia y apoyar la recuperación de las economías europeas.

Los grandes patronos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, también se han dado cita en estas fechas (¿coincidencia o estrategia de grupo de presión?) para exigir que los recursos movilizados tanto desde la Unión Europea como por el Estado español se encaucen de manera prioritaria hacia las empresas (las grandes, que ellos representan, para ser más precisos). Los más decididos abanderados del neoliberalismo y del “todo mercado”, ahora se han convertido en fervorosos keynesianos, partidarios del aumento del gasto público… siempre, por supuesto, que ellos sean los destinatarios del mismo.

La “fraternal” y provechosa relación entre las corporaciones y las instituciones viene de lejos, pero el descaro con el que se presentan las exigencias de las grandes firmas, encubiertas en la retórica de que también expresan las aspiraciones de los pequeños y medianos establecimientos, tiene algo de obsceno, por la dramática situación que estamos viviendo y por las consecuencias, de gran calado político, que supondría que las poderes públicos se postraran, como de hecho ya está sucediendo, ante las pretensiones patronales.

El dinero público tiene que estar sometido a una estricta condicionalidad, no puede entregarse sin contrapartida. En el ámbito que estoy analizando (y siendo muy consciente de que es necesario proceder a una profunda reconversión de las capacidades productivas en clave de sostenibilidad ecológica y que, por lo tanto, no se trata de preservar y reforzar el status quo actual), una exigencia irrenunciable es que las empresas que reciban recursos procedentes bien del Estado o de las instituciones comunitarias, deben estár obligadas a mantener el salario nominal y real de sus trabajadores, junto a la prohibición de realizar despidos.

 

 

 

“¿Quo Vadis, Europa?”

Debate con economistas críticos sobre los grandes desafíos del “proyecto Europeo” y las alternativas que las instituciones comunitarias están ofreciendo ante la crisis económica y social provocada por la pandemia.  Participan: Lucía Vicent, Nuria Alonso, Jordi Roca y Fernando Luengo; modera: Manuel Garí

(https://www.youtube.com/watch?v=taH6DUI1fn4)

 

 

Tertulianos y competitividad

Hace poco escuchaba en la cadena SER al tertuliano Eduardo Madina, exdiputado del Partido Socialista Obrero Español, candidato derrotado a la secretaría general de este partido, ahora reciclado, como otros muchos dirigentes políticos, a una empresa privada, en calidad de director de la unidad de análisis y estudios de Kreab España (las puertas que unen los grandes negocios y la política, girando sin cesar). Sigue leyendo

El rentable mito de “la empresa somos todos”

Uno de los axiomas preferidos del pensamiento económico conservador es sostener que lo que es bueno para la empresa (me refiero en las líneas que siguen sobre todo a las grandes firmas) lo es para el conjunto de la economía. Si prospera, si mejoran sus estándares en términos de productividad y competitividad, ganan todos los que forman parte de la misma. Como si se tratara de una familia bien avenida, ganan sus trabajadores, directivos y accionistas; salarios más elevados, puestos de trabajo más sólidos y dividendos más suculentos. También se beneficiarían de esa dinámica otras empresas, al ampliarse sus mercados, los consumidores, al disponer de una oferta más amplia de bienes y servicios en variedad y calidad, y las administraciones públicas, al fortalecerse su capacidad recaudatoria, sin necesidad de aumentar la carga fiscal. En definitiva, un juego de suma positiva cuyo núcleo irradiador residiría en la firma. Sigue leyendo

¿El fin del neoliberalismo?

Miguel Urbán y Fernando Luengo

Se dice, y es verdad, que la crisis económica y social provocada por la pandemia lo cambia todo. Cabe preguntarse, en este sentido, si también supone el punto y final de lo que conocemos como “neoliberalismo”. Dado que este término se utiliza con diferentes acepciones, conviene aclarar la nuestra: entramado de políticas, dinámicas económicas e intereses que han impregnado en las últimas décadas las agendas de los gobiernos y de las instituciones internacionales -y, por supuesto, también de las comunitarias-, en torno a la bandera de “Más mercado”. Sigue leyendo

Munición para la derecha, desconcierto del gobierno

Fernando Luengo, economista
Víctor Prieto, politólogo

“Cambio el digo por el diego”. En esto ha consistido la torpe maniobra política del gobierno de coalición en relación al pacto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos (UP) y Bildu. No se entiende que en el debate sobre el estado de alarma se introduzca por la puerta de atrás el compromiso, suscrito por estos partidos, de derogar completamente la reforma laboral. Y se entiende todavía menos que a las pocas horas de haber firmado ese acuerdo, los dos partidos que forman parte del gobierno lo enmienden. Sigue leyendo

Salud o economía, ¿ese es el dilema?

Carmen San José, médica de familia y Fernando Luengo, economista

Como la mayor parte de los mensajes políticos y mediáticos, en su pretensión de llegar a todos los rincones y de catalizar el debate, simplifican en exceso, involuntaria o deliberadamente. Esto es lo que sucede cuando se presenta el supuesto dilema entre salud y economía.

En una primera aproximación, parecería que el gobierno de coalición da la máxima prioridad a la salud y, por esa razón, está promoviendo una “desescalada” gradual, atendiendo, por encima de cualquier otra consideración, criterios estrictamente técnicos y científicos. Por otro lado, el objetivo central de los dirigentes del Partido Popular (PP) -bajo el liderazgo de la indescriptible Isabel Díaz Ayuso- sería activar la economía, con el argumento de que la Comunidad de Madrid reúne ya las condiciones sanitarias para pasar a la siguiente fase de la referida desescalada. Sigue leyendo

Los mayores de las residencias, un “colectivo no productivo”

Así lo ha calificado la Confederación Vallisoletana de Empresarios, que lamenta que sean tenidos en cuenta a la hora de mantener a Castilla y León en la fase cero de la desescalada. Apelan a que el criterio a tener en cuenta deberían ser las capacidades productivas, las que dan vida y fuerza a la economía. Si ya no están en condiciones de trabajar, ¿qué pintan en este cómputo las personas que están en las residencias? Sigue leyendo

¡Que paguen los ricos y las grandes corporaciones!

Es evidente y todo el mundo está de acuerdo en que la lucha contra la pandemia y la enorme crisis económica y social que tenemos por delante exige un esfuerzo presupuestario enorme, a la altura de un desafío que no tiene precedentes en tiempos de paz. Por cierto, por paradójico que pueda parecer, también parecen estar de acuerdo los que durante muchos años se han dedicado a desmantelar el sector social público y a convertirlo en negocio para las empresas privadas. Sigue leyendo