La inflación actual, ha alcanzado en el mes de mayo el 8,7% interanual, lo que supone un crecimiento acumulado de la misma desde enero del 4,1%; todos los pronósticos apuntan a que se podría mantener en niveles muy elevados en los próximos meses. Este sustancial aumento de los precios está teniendo consecuencias desastrosas para la mayor parte de la ciudadanía, sobre todo para los colectivos más vulnerables, que ven cómo su capacidad adquisitiva se reduce violentamente, pues los mayores aumentos se localizan en los bienes y servicios que conforman de manera mayoritaria su cesta de la compra; está provocando igualmente una crisis alimentaria y una enorme hambruna en el mundo subdesarrollado, cuando todavía no se ha recuperado de la pandemia.
Pues bien, esa inflación es una bendición para algunos o simplemente no les afecta.
Es una fuente de beneficios extraordinarios para las empresas que disponen de poder para fijar los precios o para trasladar a sus clientes el aumento experimentado en los costes. No se trata de especuladores, algo así como “outsiders”, que aprovechan el desorden en los aprovisionamientos provocado por la pandemia y la guerra para hacer caja, sino el resultado “lógico” (por esperado) de una estructura empresarial con perfiles marcadamente oligopólicos que condiciona de manera decisiva la configuración de los mercados, tanto en la esfera de la oferta como de la demanda.
Tampoco es un problema, sino todo lo contrario, para los prestamistas (los grandes bancos e intermediarios financieros) y acreedores, así como para los tenedores de deuda pública y privada, pues el aumento de los tipos de interés propiciado por el cambio de rumbo de las políticas de los bancos centrales, contribuye a preservar y actualizar el valor de sus activos.
Para los intereses corporativos de las patronales, a las que el gobierno invitó a suscribir con los grandes sindicatos un pacto de rentas, la inflación es un magnífico pretexto para descolgarse de los espacios donde se debía consensuar dicho pacto. En su estrategia de confrontación contra las organizaciones sindicales y los trabajadores, y también contra el propio gobierno, los altos niveles de inflación y el rechazo frontal a negociar aumentos salariales que permitan el mantenimiento de su capacidad adquisitiva les ha proporcionado un argumento para dar la espalda a unas negociaciones que apenas habían comenzado. De esta manera, dejan las manos libres a las empresas para que, en unas condiciones muy favorables para ellas, recompongan los márgenes de beneficio a costa de los salarios de los trabajadores.
A los principales ejecutivos y altos directivos de las grandes corporaciones en absoluto les inquieta los actuales registros de inflación. Estas minorías privilegiadas habitan otra galaxia no sujeta a las apreturas de los trabajadores de a pie. Sus retribuciones en concepto de salarios, fondos de pensión, opciones sobre acciones, dietas, primas y comisiones varias crecen, fuera de todo control, bastante más de lo que lo hacen los precios. La distancia que las separa de las retribuciones de los trabajadores de ingresos medios y bajos nunca ha sido tan elevada.
Para los que no tienen otra política que meter en cintura y disciplinar a los trabajadores, esta situación de inflación desatada es algo así como la “tormenta perfecta”. Meter el miedo en el cuerpo, de eso se trata. Aguantar sin alzar la voz, pues para muchos asalariados perder el empleo -recordemos que la reforma laboral ha dejado prácticamente intacta las disposiciones en materia de despido de la legislación del Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy- es lo más parecido a asomarse al abismo. La dialéctica de que, sean cuales sean las condiciones, es mejor trabajar que no hacerlo se impone con toda su crudeza, alimentando la sumisión.
La inflación también es un escenario apropiado para lanzar el relato de que existe la amenaza, o incluso la evidencia, de una espiral salarios/precios. Esta espiral se alimentaría de que los trabajadores impusieran aumentos salariales por encima del crecimiento del índice de precios al consumo, lo que, como respuesta, provocaría nuevos aumentos en los precios. Y esto se proclama a pesar de que la realidad apunta justamente en el sentido contrario. No sólo el aumento en las retribuciones de los trabajadores, cuando se ha producido, ha quedado muy lejos del registrado en los precios, sino que, tendencialmente, el peso de los salarios en la renta nacional se ha reducido, en beneficio de las rentas del capital. ¡Qué más da lo que revelen los datos! Una legión de supuestos especialistas y avezados tertulianos, sostenidos en diagnósticos de instituciones como el Banco de España,
insisten una y mil veces en la tensión inflacionista provocada por los salarios, apelando a la responsabilidad de los trabajadores, a los que se exigirá moderación en sus pretensiones retributivas. En definitiva, que los ajustes recaigan sobre los de siempre.
Ya lo dice el refranero popular: “A rio revuelto, ganancia de pescadores”. La inflación abre un escenario de confrontación -que, en definitiva, es la quintaesencia del capitalismo- muy favorable para que las elites económicas y políticas hagan valer su relato y sus intereses. Como dijo en 2020 Warren Buffett, una de las mayores fortunas del mundo: “»Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando».
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