Más demanda para más crecimiento, ¿este es el camino?

Desde la economía crítica a menudo se reivindican las políticas de demanda -expansivas- frente a las de oferta -contractivas-. Como si el núcleo del debate para dejar atrás la crisis estuviera situado alrededor del dilema expansión-contracción de la actividad económica. Con esta limitada perspectiva se postula otra combinación de políticas económicas donde tengan un mayor protagonismo las fiscales, basadas en el aumento del gasto público.

Es cierto que hay que superar las denominadas “políticas de oferta”, cuyo pilar es la represión salarial. No sólo porque tienen un efecto procíclico -agravan la recesión cuando se llevan a cabo en contextos de débil demanda e inversión-, siendo un factor de contracción de la demanda agregada. También, y muy especialmente, porque erosiona la capacidad de negociación de los trabajadores y promueve una cultura empresarial conservadora y socialmente depredadora, además de ser la piedra angular de una formidable concentración de la renta y la riqueza en muy pocas manos.

Resulta evidente, asimismo, que hay que activar la demanda, dados los todavía elevados niveles de desempleo, los efectos deflacionistas de las medidas de contención salarial y la necesidad de reforzar la inversión pública y privada.

Esta encrucijada existe, pero es imprescindible incorporar más complejidad al debate. Dos consideraciones al respecto. La primera es que cualquier alternativa de política económica que se reclame de izquierdas, consciente de la crisis civilizatoria en que nos encontramos, tiene que asumir -más allá de la retórica al uso- la existencia de insuperables restricciones al crecimiento económico que, simplemente, tornan en inviables, por ser extraordinariamente costosas, las lógicas cuantitativas: más cantidad de recursos naturales para obtener más cantidad de producto.

La segunda de las consideraciones es que, ante una perspectiva -que ya es, de hecho, una realidad- de crecimiento del Producto Interior Bruto moderado e inestable (no sólo por razones coyunturales), y teniendo en cuenta el actual desnivel en las relaciones de poder, en beneficio del capital y en contra de los trabajadores, la pugna por el ingreso, la riqueza, la energía, el agua, los minerales, el territorio… se intensifica.

Por esas razones, entre otras, es crucial que las políticas del cambio -en oposición a las lógicas extractivas, a la sobreexplotación de los recursos y los trabajadores- sitúen la redistribución en el centro de la reflexión y de la acción institucional y ciudadana. La clave de una nueva política que abra las puertas de una nueva economía pasa por repartir la renta y la riqueza, las tareas de cuidados, los tiempos de trabajo y los recursos disponibles. Avanzar en esa dirección supone abrir un debate ciudadano -que en modo alguno puede quedar confinado a los expertos- sobre las necesidades sociales, las prioridades a atender, los recursos disponibles y los plazos de ejecución. La culminación de ese debate, no el comienzo, sería determinar las herramientas de política económica -fiscales, monetarias, de rentas…- más adecuadas.

Este es el gran desafío de este cambio de época. La lógica del reparto se opone a la de la confiscación por parte de las elites económicas. Revertirla, vencer las resistencias de los poderosos, necesita una ciudadanía movilizada y politizada.

 

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