Democratizar las relaciones laborales

¿Tiene la economía española un problema de productividad? Sí, lo tiene, existe una opinión unánime al respecto y una evidencia empírica contundente. Un dato como muestra: en 2016 el Producto interior bruto (PIB) por hora trabajada en nuestra economía era el 65,6% de la alemana alemán y la diferencia entre ambas ha aumentado desde 2008 en algo más de tres puntos porcentuales.

La brecha de productividad con respecto a las economías más avanzadas de nuestro entorno tiene que ver con factores muy diversos, relacionados, por ejemplo, con la actividad inversora, las especializaciones productivas, el modelo de empresa y la disponibilidad de rutas de financiación adecuadas. No entraré en estos asuntos, sin duda cruciales, pero sí me detendré en otro de la mayor trascendencia que, a menudo, queda fuera de foco o, en el mejor de los casos, relegado a un segundo plano: la democratización de las relaciones laborales.

Lejos de avanzar en esa dirección, las reformas del mercado de trabajo -las llevadas a cabo por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español- han apuntado exactamente en la opuesta. Con el objetivo de reducir los costes laborales –los de la mayoría de los trabajadores, no los de los ejecutivos- y de debilitar el poder negociador de los sindicatos, dos piezas centrales de la política económica, el gobierno actual, siguiendo las instrucciones de la troika, ha procedido a una histórica desregulación de las relaciones laborales.

Esta reforma no sólo ha privado de derechos, sindicales y ciudadanos, a los trabajadores; no sólo ha intensificado la explotación de los “afortunados” que tienen un empleo, reduciendo sus salarios nominales y reales, convirtiendo a muchos de ellos en trabajadores pobres, colectivo en continuo aumento. Además, esta política ha tenido un efecto muy negativo sobre la productividad laboral.

Es cierto que este indicador ha conocido durante estos últimos años una apreciable “mejora”, pero se trata tan solo de una ficción estadística, pues descansa, sobre todo, en la masiva destrucción de empleo y en la reducción en el número de horas trabajadas: al caer ambos más que el PIB, el resultado agregado es un aumento de la ratio que mide la productividad laboral: PIB/Empleo.

Pero, como acabo de mencionar, más allá de las apariencias estadísticas y de las interpretaciones de corto recorrido, en realidad la productividad de la economía se deteriora. La reducción de las plantillas, y la merma de los salarios, responde a la cultura empresarial del “atajo”, muy conservadora y también muy perjudicial, aunque proporciones beneficios a corto plazo a las empresas.

Recuerda la manera de hacer las cosas del franquismo y de otros regímenes dictatoriales, actuando sobre los costes laborales y postergando estrategias organizativas y productivas de mayor calado. Lo preocupante es que quienes ensalzan estas políticas y sus resultados no son los viejos y caducos dictadores de antaño sino los portavoces de nuestras patronales y las élites del capitalismo y de la Europa de hoy.

Estas políticas, francamente regresivas, han llegado para quedarse; en torno a ellas se articulan intereses muy poderosos. Lo cierto, es que la modernización de la economía exige luchar por la democratización de las relaciones laborales. Ello significa, al menos, crear las condiciones para que exista una verdadera negociación colectiva –lo que, de entrada, implica la derogación de las últimas reformas laborales- promover espacios de codecisión, acceder a la información de las cuentas de las empresas (incluidas las retribuciones de los altos directivos, los pagos a los accionistas y las transacciones intra-firma), intervenir en la distribución de las ganancias de productividad y participar en la reestructuración de los procesos  productivos y organizativos.

Una política de salarios decentes y un marco de relaciones laborales sustentado en estos pilares estaría en la base de la obtención de ganancias de eficiencia y contribuiría a la mejora de la productividad y la rentabilidad de la firma. De esta manera -no vulnerando derechos y reprimiendo salarios- sería posible enfrentar con éxito el desafía modernizador de nuestra economía.

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