No al TTIP, ¿sí al comercio internacional?

Lo han intentado, pero no lo han conseguido.

A pesar de que los negociadores de la Comisión  Europea y del gobierno estadounidense han intentado mantener en secreto las negociaciones, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, más conocido por el acrónico inglés TTIP, ha entrado con fuerza en la opinión pública. Gracias a Greenpeace, que ha filtrado documentos confidenciales del proceso negociador, los grandes medios de comunicación han llevado a sus portadas este asunto que, pese a su trascendental relevancia, había pasado hasta ahora casi de puntillas. Si bien, para ser justos, hay que decir que un buen número de plataformas y colectivos han realizado una tenaz tarea de informar y movilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de gran calado, para la economía y para nuestra vida, que, en caso de salir adelante, tendría el TTIP.

Entre otras cosas, su entrada en vigor implica una revisión a la baja de la normativa medioambiental y en materia de salud pública, siguiendo los criterios de quienes no tienen otro proyecto que someter las regulaciones públicas al imperativo de los mercados. Su firma supone, asimismo, una inaceptable cesión de soberanía a favor de las grandes corporaciones (y de los grandes bufetes de abogados), cuando sus intereses colisionen con la legislación de los estados.

Estos y otros aspectos que forman parte del TTIP deben ser debatidos y difundidos. Pero no debemos pasar por alto que se trata de un acuerdo cuyo objetivo es liberalizar el comercio internacional. Llegados a este punto, las críticas y los críticos bajan el tono, apenas se escucha un susurro. El sacrosanto comercio internacional donde, supuestamente, todos, en mayor o menor medida, ganan. Amplía el surtido de bienes y servicios a disposición de la población; dinamiza la creación de puestos de trabajo, más sostenibles al estar expuestos a la competencia internacional; asegura el aumento de la productividad y, en esa medida, la mejora de los salarios; ofrece ventajas a las economías más rezagadas que ahora cuentan con mercados que estaban fuera de su alcance. Fruto de todo ello, más crecimiento económico. Un  círculo virtuoso que se retroalimenta sin pausa.

¿Nada que decir al respecto? En mi opinión, hay mucha tela que cortar, mucho que debatir sobre los pilares que sostienen el discurso dominante, sobre las “indudables e indiscutibles” ventajas del comercio internacional. Es la hora de poner sobre la mesa los pretendidos beneficios de la globalización, de la realmente existente, no del cuento de hadas que casi siempre nos presentan sus partidarios, en la que los beneficios superan, por definición, a los costes, y donde, finalmente, todos ganan.

La globalización que ha creado un espacio desnivelado controlado por las grandes firmas transnacionales, la que promueve dinámicas económicas depredadores con los ecosistemas y que contribuye de manera decisiva al cambio climático, la que impone una lógica competitiva basada en la degradación salarial, la que da carta de naturaleza a la competencia entre los trabajadores, la que altera las relaciones de poder en beneficio del capital, la que acentúa las diferencias entre las economías del norte y del sur, entre los ricos y los pobres. Sí, hay que hablar de esa globalización que, pese a toda la retórica, llena de lugares comunes, no ha sido el vivero de creación de empleo, ni ha generado el plus de crecimiento que anunciaban sus defensores.

Sin duda alguna, el TTIP debe ser debatido, criticado y rechazado, porque está pensado para favorecer, sobre todo, a los grandes grupos económicos, ganadores indiscutibles de la globalización de los mercados. Estamos, además, ante una buena oportunidad para reflexionar sobre los procesos económicos que sostienen este y otros acuerdos internacionales. Dejar este frente desatendido, como si en este plano no fuera posible aportar un razonamiento diferente al entregado desde la economía dominante, quita punta y alcance a la crítica al TTIP, Como si todo consistiera en reconducirlo, reorientar las negociaciones, para que se respeten las competencias y las normativas de los estados nacionales.

 

 

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