Austeridad presupuestaria, investidura y políticas de cambio

En el debate de investidura, antes y después del mismo, siempre, sobrevuela, amenazante, una obligación presentada como inexorable a la que se tendrá que enfrentar el nuevo gobierno: el imperativo de cuadrar las cuentas públicas, siguiendo los requerimientos de la Comisión Europea (CE). Y más allá de esa exigencia, pero muy relacionada con ella, las instituciones comunitarias y los medios de comunicación insisten en la necesidad de seguir colocando la disciplina presupuestaria en el centro de las políticas de los gobiernos.

Camisa de fuerza, en el primer caso, y (supuesta) pura lógica económica, en el segundo. Como mucho, los más atrevidos apelan a negociar con Bruselas plazos más flexibles para cumplir los compromisos de déficit y deuda públicos, o a la conveniencia, dados los altos umbrales de desempleo y el limitado empuje del sector privado, de estimular la demanda agregada con programas de gasto público, como prescriben las recetas keynesianas. Y poco más.

En las reflexiones que siguen quiero ofrecer otra mirada, otro ángulo desde el que considerar la actuación de los gobiernos en materi9a presupuestaria.

En el corazón del relato dominante (y también en la réplica realizada desde buena parte de los que pretenden criticar ese relato) está la “austeridad presupuestaria”, sus bondades y exigencias. El discurso dominante ha colado el mensaje de que el desorden de las finanzas públicas explica la crisis y que conseguir un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos asegura su superación, al tiempo que un correcto funcionamiento de la actividad económica.

Empezando por el lenguaje. No estamos ante un asunto menor, pues en torno al lenguaje se construye el referido discurso dominante; en realidad todos los discursos, de ahí la importancia de ser cuidadosos y rigurosos.

¿Quién alzaría la voz en contra de la austeridad y del uso racional (razonable) de los recursos, tanto los privados como, sobre todo, los públicos? Ser austeros, evitar el despilfarro debería formar parte de nuestro código moral más íntimo, permanente e inexpugnable. Quizá por esa razón sea imposible encontrar un vocablo más usado (y también más desgastado) que el de “austeridad”.  Es en ese contexto, deliberadamente equívoco, donde se invocan, se proponen y se imponen las políticas de austeridad sobre las finanzas de los gobiernos.

El lenguaje del poder, usado y aceptado coloquial, política y mediáticamente, que impera también en la academia, cargado de lógica intuitiva, nos traslada a un espacio conceptual y analítico donde la crisis económica es el resultado del despilfarro público, y donde, en justa correspondencia, la salida pasa por poner orden en las finanzas gubernamentales. No queda otra alternativa, en consecuencia, si se quiere retornar a la senda del crecimiento, que recorrer el camino de la disciplina presupuestaria.

Con un apoyo mediático sin precedentes, se repiten una y otra vez las mismas expresiones: “todos somos culpables y, en consecuencia, todos tenemos que arrimar el hombro”, “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora toca apretarnos el cinturón”, “el Estado es como una familia, no puede gastar más de lo que ingresa” “la austeridad es una virtud que, si la practicamos con convicción y firmeza, nos permitirá salir de la crisis”. Tan sólo son algunos ejemplos, de uso bastante frecuente, de un discurso simple (simplista), directo y, por qué no decirlo, muy efectivo; nos entrega palabras y conceptos fácilmente manejables, que proporcionan un diagnóstico de quiénes son, o mejor dicho somos, los responsables y cuáles son las soluciones.

Según ese mismo lenguaje, ampliamente aceptado, todos somos culpables y el mayor de todos es el Estado, despilfarrador por naturaleza. Por esta razón toca adelgazarlo, y de esta manera liberar (literalmente) recursos atrapados y mal utilizados por el sector público, para que la iniciativa privada, paradigma de la eficiencia, los pueda utilizar.

Una precisión adicional, también referida al lenguaje. Continuamente se invoca la autoridad de los mercados, como si estuvieran gobernados por una racionalidad indiscutible y como justificación de que no hay alternativas. Los Estados son el problema y los mercados la solución. Este es uno de los grandes iconos de la economía convencional, al que se acude con más frecuencia, y que pretende ser tan obvio que no precisa mayores comentarios o explicaciones.

Pero el lenguaje nunca es inocuo, presenta una evidente intencionalidad. Por esa razón, es imprescindible cuestionarlo desde la raíz misma, porque su aceptación y utilización ha supuesto una gran victoria cultural de las políticas neoliberales y de las elites.

Estos razonamientos y su lógica, implacables e inexorables en apariencia, nos alejan de una reflexión sobre la complejidad, sobre las causas de fondo de la crisis; causas que apuntan a las contradicciones de la dinámica económica capitalista, a la problemática asociada a la integración europea, al funcionamiento de los mercados y a los intereses que los articulan.

El lenguaje del poder oculta que, en realidad, el término “los mercados” refleja los intereses de operadores financieros, inversores institucionales, fondos de alto riesgo, empresas transnacionales y grandes fortunas que, cada vez con más desparpajo, fijan la agenda de gobiernos e instituciones. Estas son las “las manos visibles” a las que nuestros dirigentes han entregado las riendas de la actividad económica.

Ese  mismo lenguaje omite una cuestión clave: la operativa de los mercados ha estado gobernada por la ineficiencia. Dos ejemplos al respecto: la deficiente función de arbitraje realizada por los intermediarios financieros, por un lado, y el mecanismo de formación de los precios y la consiguiente estructura de estímulos que se deriva del mismo, por otro. En ambos casos, hemos asistido a una asignación ineficiente de recursos (que, como la economía convencional nos recuerda continuamente, son escasos) que ha supuesto una enorme destrucción de riqueza; no solamente cuando la crisis hizo su aparición, sino mucho antes, al penalizar la inversión productiva y social y favorecer, de este modo, el bucle financiero.

Todos estos asuntos han quedado fuera de foco. Un horizonte de transformación económica y social necesita hacer valer otro lenguaje que abra las puertas y sostenga otro marco conceptual e interpretativo.

Dejando atrás el lenguaje y pasando al contenido de los planteamientos, conviene recordar que, antes del crack financiero, las finanzas públicas de la mayor parte de las economías comunitarias seguían los estrictos criterios fijados en el Tratado de Maastricht. No en vano, desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo y después, con la introducción del euro, los gobiernos europeos han centrado sus esfuerzos en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. En España incluso se había alcanzado –se había forzado- el superávit.

Así pues, no fue el desorden de las finanzas públicas lo que explica la crisis. Hay que mirar en otra dirección: la exuberancia de la industria financiera,  la oligopolización de los mercados, la sobreexplotación de los recursos naturales el agotamiento de un modelo reproductivo basado en las desigualdades de género, además del prolongado estancamiento salarial y una unión monetaria que surgió con un diseño institucional deficiente y sesgado, pensado para satisfacer los intereses de las grandes corporaciones y de los países más competitivos. No es, pues, de recibo poner el foco en las supuestas ineficiencias y despilfarros del sector público.

Al mismo tiempo, desde una perspectiva muy diferente a la sostenida por el discurso dominante (este discurso, de hecho, la oculta), ha existido una deriva presupuestaria que ha sido un importante un factor de perturbación económica. Me refiero a la capacidad de las grandes corporaciones y los dueños de las grandes fortunas de escapar a sus obligaciones fiscales. Ello ha provocado que sean los trabajadores asalariados los que soporten la mayor parte de la carga tributaria y que quede seriamente mermado el potencial financiera de las administraciones públicas.

Antes de entrar en la crítica de las políticas de ajuste presupuestario, para no quedar enredados y atrapados en el lenguaje que antes denunciaba, conviene hacer una importante precisión. La retórica de la austeridad no debe impedir ver que vivimos en la economía del despilfarro. Y en este sentido, lejos de mejorar, estamos cada vez peor.

Los gobiernos se han empleado a fondo (diría que con saña) a la hora de meter la tijera en la educación, la sanidad, la investigación, la cooperación al desarrollo… al tiempo que los impuestos sobre el consumo y las rentas medias y bajas han subido. Pero, ¿dónde están las políticas de austeridad encaminadas a mejorar la eficiencia energética y a luchar contra el cambio climático? ¿cómo encajar la proclamada austeridad en los enormes desembolsos de dinero público destinados a los grandes bancos? ¿qué se ha hecho para poner coto a las retribuciones multimillonarias de los directivos y ejecutivos de las grandes corporaciones? ¿qué medidas se han tomado para frenar la sangría de recursos provocada por la corrupción pública y privada?

Aclarado este importante extremo, hay que decir que el rápido aumento de los desequilibrios presupuestarios ha sido el resultado de la propia crisis, no su desencadenante. La caída del crecimiento ha mermado el potencial recaudatorio de las administraciones públicas; en paralelo, éstas han canalizado cantidades enormes de recursos a las instituciones financieras con el propósito de evitar un crack generalizado, con el argumento de que los grandes bancos son demasiado importantes para dejarles quebrar, y restablecer los circuitos de crédito, severamente dañados por la crisis (por cierto, sin exigir contrapartidas para evitar que estos recursos fueran utilizados en beneficio de  directivos, consejeros y accionistas, o, más lacerante, todavía, sirvieran para especular contra las deudas soberanas).

El desorden presupuestario también ha sido el resultado de unas políticas diseñadas por la Troika, que han instalado a las economías europeas, en especial a las del Sur, en un bucle recesivo, que, además, ha agravado los problemas estructurales que provocaron la crisis. El principio de la “austeridad expansiva” –esto es, intentar propiciar la recuperación de la actividad económica por medio de la reducción del gasto público- ha fracasado. ¡Hasta el Fondo Monetario Internacional (institución con un marcado perfil conservador) lo ha criticado!

En un contexto de desplome de la demanda, de desapalancamiento de familias y empresas y de contracción del crédito, la aplicación de recortes en el gasto público y el aumento de la carga fiscal sobre los trabajadores y las clases medias sólo podía tener un efecto contractivo (y no expansivo); efecto que se ha amplificado, se ha globalizado, por la decisión de implementar esas políticas en el conjunto de los países europeos, que han sido especialmente perniciosas para las economías que las han aplicado con mayor vehemencia; la nuestra por ejemplo.

Además de poner de manifiesto que las políticas de ajuste presupuestario han tenido un efecto de “bola de nieve”, hay que tener en cuenta tres aspectos adicionales, cuya consideración es crucial si queremos que la reflexión crítica alcance el calado necesario.

En primer lugar, las políticas de “austeridad expansiva” han fracasado a la hora de alcanzar los objetivos que, supuestamente, las justificaban. No han servido para sacarnos de la crisis, pero, desde la perspectiva de los poderosos, han sido un éxito rotundo: han dado lugar a una creciente ocupación de lo público por parte de los grupos económicos privados y a una histórica redistribución de la renta y la riqueza hacia las elites y las oligarquías. Al postular la ineficiencia intrínseca de lo público, de nuevo a vueltas con el lenguaje, no sólo se pretendía reducir al mínimo la intervención del Estado, sino también aplicar criterios de mercado en los espacios y las decisiones públicas.

En segundo lugar, ampliando el foco para situarlo más allá de la crisis, no son pocos los autores y los estudios de economía que cuestionan, teórica y empíricamente, que el pack de políticas de oferta –consistentes, sobre todo, en la contención de los costes laborales y la liberalización y privatización de activos públicos- y de políticas de demanda, sustentadas en la disciplina presupuestaria, tengan efectos positivos sobre el crecimiento económico.

Convertir la corrección de los desequilibrios presupuestarios en un objetivo “per se” y acometer políticas de reducción del gasto productivo y social público, lejos de reforzar la capacidad de crecimiento potencial de las economías, la deteriora. Téngase en cuenta, además, que los recursos “liberados” por los ajustes fiscales son capturados, en buena medida, por actores y mercados que operan con lógicas financieras.

Este diseño de política económica -justificado, sobre todo, para combatir la inflación-, cobró carta de naturaleza en la década de los ochenta del pasado siglo y ha sido responsable, junto a otros factores, del deterioro de la productividad del trabajo, la degradación de los salarios, la creciente regresividad del sistema tributario, la progresiva deriva del proyecto europeo hacia el mercado y el evidente cambio en la relación de fuerzas a favor del capital.

Tampoco podemos olvidar, en tercer lugar, que el surgimiento y el funcionamiento de la zona euro descansa, antes que nada, en la estabilidad nominal, una de cuyas piezas más importantes es justamente la reducción y la moderación de los niveles de déficit y deuda públicos. Con esos mimbres, se ha levantado un edificio monetario frágil e inestable, incapaz de corregir los desequilibrios provocados por la liberalización de los mercados financieros y por las asimetrías productivas y comerciales de los países que han decidido formar parte de la zona euro. Las políticas económicas de austeridad fiscal no han producido los mismos efectos en economías estructural e institucionalmente diferenciadas. Han tenido consecuencias diversas dependiendo de las características de las economías donde se aplican y, de hecho, han acentuado las disparidades existentes dentro de la Unión Económica y Monetaria.

Por todo lo anterior, es urgente romper con la lógica de la austeridad presupuestaria. Tenemos que defender con convicción que, por supuesto, tiene que aumentar el gasto público, social y productivo, no sólo y no tanto como herramienta para reactivar la demanda, que también, sino como un vector clave para reducir la pobreza y promover la equidad social y la igualdad de género, y para impulsar la transición ecoenergética de nuestras economías. La intervención del sector público es asimismo imprescindible para asegurar que los intereses de la mayoría social, sobre todo los de los colectivos más vulnerables y más castigados por la crisis sean visibles y se puedan expresar.

Privar al estado de recursos y deslegitimarlo apelando a una supuesta ineficiencia impide avanzar en la consecución de estos objetivos, que, digámoslo con claridad, no los garantiza, no los puede garantizar, la iniciativa privada. Mucho menos en la actualidad, cuando los poderosos han roto los consensos sociales y los puentes institucionales que articulaban las políticas redistributivas.

¿Hay recursos para andar este camino? Sí, los hay. Se pueden obtener de una reforma fiscal progresiva, de la persecución del fraude, de la aplicación de límites a las desorbitadas (e injustificadas) retribuciones de los altos directivos y ejecutivos, y de una decidida actuación de las instituciones comunitarias. La pregunta correcta es otra: ¿hay voluntad política para movilizarlos? Este es el verdadero nudo gordiano, el santo y seña de un gobierno verdaderamente comprometido con el cambio.

Mi última reflexión tiene que apuntar necesariamente a Europa. A esta Europa que nos avergüenza por el trato dado a los inmigrantes que huyen de las guerras y del hambre, a esta Europa que no dudó en humillar a Siryza y al pueblo griego, a esta Europa que está enrocada en la aplicación de políticas contra la mayoría social y a favor de los poderosos… a esta Europa que está rota.

¿Impugnar los estrictos plazos fijados por la CE para cumplir los objetivos de déficit? Sí, por supuesto. Seguir los designios de Bruselas  significa, necesariamente, introducir nuevos recortes, y también dar una vuelta de tuerca a las reformas estructurales, en la línea de las aplicadas durante estos años. Pero no basta con exigir a Bruselas más flexibilidad, más tiempo. Un gobierno de cambio tiene que seguir una hoja de ruta más ambiciosa, aun sabiendo que es necesario acumular fuerzas a escala europea para llevarla a cabo.

Ha llegado el momento, es imprescindible cuestionar la lógica de la estabilidad presupuestaria sobre la que se ha diseñado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (conocido como Pacto Fiscal Europeo). Por las razones que he señalado en el texto y porque supone una intolerable cesión de soberanía a favor de unas instituciones carentes de la necesaria legitimidad democrática, que han sido capturadas por las oligarquías y los grupos de presión.

Es necesaria una intervención de emergencia encaminada a reducir la deuda pública, una losa insoportable sobre los presupuestos de los gobiernos más endeudados, y movilizar recursos hacia las economías de la periferia. Y esta actuación debe abordarse a escala europea. Pero, además, frente a la lógica de la estabilidad presupuestaria, urge reivindicar y promover otra muy distinta, basada en la equidad y la sostenibilidad, la cual rompe las costuras del Pacto Fiscal.  Otros objetivos que sostengan otras políticas, y otros parámetros desde los que valorar la viabilidad de las finanzas públicas.

Es mucho lo que está en juego. ¿Estarán las fuerzas del cambio a la altura de este desafío?

 

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