¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Disponer de un buen diagnóstico sobre la naturaleza de la crisis es la brújula que nos permitirá calibrar la envergadura de los desafíos que tendrá que enfrentar una política económica al servicio de la mayoría social.

El poder, con la generosa cobertura del mainstream académico tiene uno. El aumento de los costes laborales, el despilfarro de las administraciones públicas y el sobreendeudamiento de las economías periféricas habría sido el principal factor desestabilizador, sino el único, de la Unión Europa y, principalmente, de la zona euro; cabe añadir otros factores que también se encuentran en la lógica convencional: una unión monetaria insuficiente o deficientemente diseñada, la asunción de riesgos excesivos o la desmedida ambición de los algunos de los actores que han operado en los mercados financieros.

Mi respuesta es bien diferente y parte de la existencia de diferentes crisis (en plural) que se superponen y se refuerzan; crisis con una dimensión económica, pero que también presenta un componente institucional, social, político y ecológico. En suma, crisis complejas por la diversidad de factores en presencia que la explican y por el calado estructural de los mismos.

El colapso financiero que convulsionó en los últimos años de la pasada década, primero en Estados Unidos y a continuación en el resto del mundo capitalista desarrollado, representa el descarrilamiento de una locomotora económica cuyo motor y principal combustible fue la deuda, que, por definición y como quedó dramáticamente de manifiesto con la implosión financiera, no podía expandirse indefinidamente.

Esa economía alimentada por crecientes dosis de endeudamiento –no está de más en este punto subrayar que fue el sector privado y no el público quien estuvo a la cabeza de este proceso- fue posible gracias a un conjunto de factores entre los que procede destacar cuatro.

En primer lugar, el estancamiento salarial y el descuelgue de los salarios de la evolución seguida por la productividad del trabajo, lo que implicó que la parte de los ingresos de naturaleza salarial en el producto interior bruto (PIB) se redujera tendencialmente. El efecto contractivo de este proceso sobre la demanda agregada –directamente, por la relación entre salarios y consumo privado, e indirectamente, merced al impacto positivo del gasto salarial sobre las expectativas de inversión- se compensó con una rápida expansión del crédito. Asimismo, la “represión salarial” favoreció la aplicación de políticas mercantilistas que situaban al sector exportador en el centro del crecimiento económico. Otra de las consecuencias de esa deriva salarial fue el aumento de la desigualdad, lo que dio lugar a una creciente concentración del ingreso y de la riqueza en grupos cuyos intereses se encontraban anclados en la industria financiera, contribuyendo de manera decisiva a su impulso.

En segundo lugar, desempeñó un papel crucial en la gestación de la crisis lo que algunos economistas han denominado “financiarización” de los procesos económicos. Es elocuente comprobar, en este sentido, que las magnitudes financieras –por ejemplo, las transacciones en los mercados de divisas, la titulización o las operaciones con derivados- crecieron mucho más deprisa que el PIB, la producción industrial, la formación bruta de capital, el comercio exterior o las inversiones extranjeras directas.

Pero, por significativa que sea esta distancia entre los ámbitos financiero y productivo, lo más relevante es que el crecimiento desbordante de las finanzas ha alimentado un circuito donde encontramos actores, productos y mercados en los que priman los intereses y las lógicas estrictamente financieros, el corto plazo, la volatilidad, el riesgo y los rendimientos elevados. No sólo hemos asistido a la hipertrofia del sector financiero, también segmentos estratégicos de la industria y del comercio han quedado atrapados y sometidos a esta dinámica financiarizada. Empresas –grandes, sobre todo- que han acumulado enormes cantidades de deuda en sus balances, que han invertido cantidades asimismo sustanciales en los mercados financieros, que han retribuido generosamente a los grandes accionistas de sus consejos de administración y que han creado una estructura de estímulos para sus directivos en función de los resultados financieros de la firma.  Ello ha condicionado de manera decisiva las políticas empresariales, por ejemplo, en materia distribución de las inversiones, reparto de los beneficios, fusiones con otras firmas o ajustes de plantillas.

En tercer lugar, las asimetrías productivas existentes dentro de la UE, con su correspondiente proyección en los intercambios comerciales, ha estado en el origen de la expansión de la economía de la deuda. Dichas asimetrías ponen de manifiesto la incapacidad del proyecto comunitario de culminar con éxito uno de los objetivos que, al menos en teoría, lo justificaban y legitimaban: la convergencia y las ventajas que, sobre todo, obtendrían las economías más rezagadas.

Las divergencias en las especializaciones productivas y en los contenidos tecnológicos de las mismas situaban a las economías comunitarias en muy desiguales condiciones de beneficiarse del mercado único. El lógico corolario de esa desigualdad en el potencial competitivo de las economías fue que algunas, la alemana especialmente, lograron posiciones superavitarias en sus balanzas por cuenta corriente, mientras que otras, España y el resto de las periféricas, cosecharon cuantiosos déficits. Posiciones acreedores, unas, y deudoras, otras, que han alimentado el circuito del crédito transfronterizo Norte-Sur.

En cuarto lugar, la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) se convirtió en un factor adicional de perturbación, reforzando y agravando los anteriores. La moneda única consolidó el libre movimiento de capitales, eliminando las barreras que lo dificultaban y reduciendo de manera sustancial los tipos de interés, en un contexto, como acabamos de ver, de acusadas y crecientes disparidades productivas, tecnológicas y comerciales. Pero el diseño institucional que vertebró el euro no podía gestionar y mucho menos corregir los inevitables desequilibrios que acompañarían la integración monetaria.

De cualquier modo, no se trata sólo de un déficit o una carencia institucional –por ejemplo, el limitado y sesgado papel dispensado al Banco Central Europeo, la inexistencia de una verdadera hacienda comunitaria o la ausencia de dispositivos correctores de los superávits comerciales crónicos-, sino de un proyecto de integración económica subordinado a los intereses de la industria financiera, las economías con mayor potencial competitivo y las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, que operan tanto en el sector industrial como en la agroindustria y los servicios.

Sin pretender presentar una relación exhaustiva y mucho menos excluyente de los factores que explican la emergencia de la economía de la deuda, primero, y su implosión, después, me parece que en los que acabo de enumerar se encuentran algunos de los que contribuyen a captar la naturaleza más profunda, y quizá menos visible, de la crisis.

Es claro, con todo, que una visión cabal de la misma obliga a abrir el foco para integrar otros aspectos que acaso no estén en el origen inmediato del actual desorden financiero pero que nos devuelven la imagen de una dinámica económica enfrentada a límites y contradicciones crecientes. Conscientes de que aquí tan sólo cabe acercarse a estos problemas con trazo grueso, y por eso mismo insuficiente, mencionaré al menos la crisis de sustentabilidad de los modelos productivos, de los patrones de consumo y de la arquitectura de las ciudades, la utilización depredadora de los recursos naturales y materiales no renovables, la acumulación de residuos no degradables y el conjunto de efectos negativos asociados al cambio climático.

Con esa misma perspectiva, hay que tomar nota de la imparable oligopolización de las estructuras empresariales con el resultado de que una minoría situada en la cúspide de esa estructura, con tupidas y complejas conexiones que refuerzan y preservan sus intereses, en connivencia con las elites políticas, controla los resortes fundamentales del engranaje económico, los recursos naturales, la producción, las redes de distribución comercial, el comercio internacional y las finanzas; poder que la globalización de los mercados, la internacionalización de las cadenas de creación de valor y la financiarización de los procesos económicos ha acrecentado. Los mercados y los actores que operan en ellos en condiciones privilegiadas no sólo han limitado la capacidad reguladora de los estados nacionales, sino que, en paralelo, han facilitado la ocupación de los espacios públicos por parte de los grupos económicos.

Repárese, finalmente, en la problemática asociada a la economía de los cuidados. Por un lado, la configuración de la pirámide poblacional revela el inevitable envejecimiento de una población que tiene una mayor esperanza de vida y que, fuera de los circuitos productivos, necesita que la sociedad comprometa los recursos necesarios para llevar una existencia digna; la financiación de esos cuidados ha abierto un debate de gran enjundia al poner sobre la mesa los principios de sostenibilidad de las pensiones y de solidaridad intergeneracional. Muy relacionado con este debate, aunque también lo trasciende, se encuentra el papel de las mujeres en los trabajos reproductivos y asistenciales. Su incorporación a todos los niveles educativos y su inserción en el mercado laboral cuestiona de raíz la división sexual del trabajo y su papel como ejército de reserva. Por un lado exige un cambio igualitario en el reparto de los trabajos reproductivos entre mujeres y hombres, por otro, pone en primer plano la necesidad de que se ofrezcan servicios desde el ámbito público, lo que obliga a que las administraciones asuman una parte de esas tareas, y se regulen de forma justa los derechos laborales de las personas asalariadas que prestan en ocasiones esos servicios.

Si se acepta la interpretación que, sucintamente, acabo de desbrozar, hay que convenir que el mar de fondo de la actual crisis económica es el resultado de la convergencia de un conjunto de desequilibrios estructurales y fracturas sistémicas. Esta es la problemática que tendrían que haber encarado los gobiernos y la troika comunitaria.

Nada más lejos de la realidad. Las políticas implementadas, inspiradas en un diagnóstico erróneo y capturadas por los intereses de los grupos dominantes, ofrecen, en términos generales, unos resultados decepcionantes. Los objetivos que constituían el nudo gordiano de la intervención gubernamental y de los responsables comunitarios no se han conseguido o se han alcanzado en una mínima parte, y en aspectos muy importantes la situación ha empeorado: la recuperación actual es, a todas luces, frágil e inestable. El desempleo ha alcanzado cotas históricas y el poco empleo que se ha creado es en gran medida precario y de poca calidad, los salarios de la mayor parte de los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva, la deuda pública continúa su progresión alcista, los bancos no han restablecido los circuitos de crédito a empresas y familias, y la deuda privada y pública continúa en cotas muy elevadas.

Adicionalmente, lo que antes he denominado como desequilibrios estructurales y fracturas sistémicas, bien por acción bien por omisión, lejos de encontrar un cauce de solución, se han agravado: la desigualdad y la fractura social han alcanzado cotas históricas, la debilidad productiva de nuestra economía –y de las meridionales- con respecto a las del norte se ha acentuado, el reino de las finanzas continúa básicamente intacto y el rediseño institucional de la UEM ha quedado atrapado y supeditado a los intereses de la gran banca, de las oligarquías del norte y del sur y de la economía alemana. Aquellos asuntos concernientes con la regulación de los mercados, la problemática ecológica y la dimensión de género han quedado fuera de la agenda política, o se abordan con criterios mercantiles.

Eso sí, en estos años se ha llevado a cabo una implacable acción política encaminada a socializar los costes de la crisis económica entre la mayoría social, protegiendo los intereses de los grandes acreedores y deudores, de las elites políticas y económicas y de las economías más ricas. Pero no sólo eso, las medidas adoptadas por los gobiernos y la troika, y la reestructuración de los mercados que se ha operado en estos años, están colocando los cimientos de un nuevo capitalismo y también de una nueva Europa. Rotos los consensos y desbordados o eliminados los diques de contención institucional, emerge un capitalismo de naturaleza básicamente confiscatoria, crecientemente oligárquico y profundamente anti democrático.

 

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