¿Podemos permitirnos la desigualdad? (Ignacio Álvarez y Fernando Luengo)

Desde que Podemos irrumpió en el panorama político, buena parte de los medios de comunicación y de los partidos tradicionales se han puesto manos a la obra para desacreditar esta nueva y prometedora formación. Uno de los argumentos esgrimidos consiste en afirmar que carecemos de un programa económico digno de tal nombre y que, de aplicarse, éste llevaría a nuestra economía a una situación crítica.

No es nuestra intención proceder a una defensa numantina del programa  de Podemos en el ámbito de la economía. No tendría sentido, entre otras razones porque dicho programa, así como los principios políticos y la estructura organizativa, están siendo objeto de un amplio debate que culminará en la asamblea constituyente que se celebrará a lo largo de las próximas semanas. Pero sí queremos proponer a los lectores una reflexión sobre una de las cuestiones medulares de la propuesta de Podemos: la lucha contra la desigualdad.

Esta cuestión resulta de extraordinaria relevancia por varias razones. En primer lugar, porque el avance de la desigualdad  estuvo en el origen de la crisis económica, que fue mucho más que una perturbación financiera o el resultado de la deficiente arquitectura institucional de la zona euro. Los trabajadores compensaban con créditos el estancamiento de los salarios y los ricos bombeaban recursos a los mercados financieros –provenientes precisamente de este estancamiento salarial–, donde obtenían lucrativas ganancias. Y de este modo la burbuja fue creciendo hasta que se tornó insostenible.

En segundo término, porque la desigualdad ha alcanzado umbrales históricos en Europa, desconocidos en las últimas décadas. Este fuerte avance de las desigualdades responde fundamentalmente a las políticas de austeridad y a los recortes salariales, que han socializado los costes de la crisis y los han hecho recaer sobre las espaldas de las clases medias y de los grupos de población  más vulnerables. En paralelo, las elites, las del Norte y las del Sur, han continuado disfrutando de una posición privilegiada, que incluso han reforzado en los últimos años.

En tercer lugar, porque la desigualdad presenta una importancia capital al  introducir a las economías en un bucle de difícil salida: reduce la demanda interna –al retraer el consumo y debilitar la actividad inversora–, refuerza la amenaza deflacionista, mantiene la deuda pública y privada en niveles elevados –impidiendo el necesario desapalancamiento– y acentúa la dependencia de nuestra economía de las exportaciones.

En cuarto lugar, porque la polarización social nos muestra un capitalismo, el que está emergiendo de la crisis, con un muy marcado perfil extractivo y confiscatorio, basado en la reducción de los salarios, la prolongación de la jornada laboral, la intensificación de los ritmos de trabajo y la transformación en negocio de parcelas crecientes del sector público.

Por último, porque la implementación de una política económica para construir otra economía que no despilfarre las capacidades de millones de personas en forma de desempleo necesita recursos; pues bien, una parte de esos recursos tienen que proceder de una sustancial redistribución de la renta y la riqueza en manos de los grupos que ocupan una posición de privilegio en la estructura social.

Una razón adicional, más allá de lo económico, para situar la lucha contra la desigualdad en el centro de una agenda transformadora radica en la constatación de que el poder económico y el político se funden y se confunden, conformando una tupida malla de intereses y atentando contra las bases mismas de la democracia. Las elites económicas han fijado la agenda política y han dibujado con precisión la hoja de ruta seguida por el gobierno; han ocupado los espacios públicos y las instituciones, que han puesto al servicio de sus intereses. En este sentido, exigir más igualdad –seña de identidad de Podemos– es equivalente a reivindicarnos como ciudadanos que no renuncian a sus derechos ni dan por buena esta deriva autoritaria.

La reducción de la desigualdad obligará a tomar medidas en muy diferentes direcciones. Una de ellas, inexcusable, es reducir los privilegios de los ricos a través de una reforma fiscal que dote de verdadera progresividad a nuestro sistema impositivo, así como poner coto a las astronómicas retribuciones recibidas por accionistas y altos ejecutivos de las grandes corporaciones. Será necesario, asimismo, acordar aumentos en los salarios reales que detengan e inviertan la pérdida de participación de los ingresos de índole salarial en la renta nacional, derogar las reformas laborales, restringir legalmente la temporalidad del empleo –principal vehículo de precarización laboral–, elevar significativamente el salario mínimo y avanzar hacia una reducción generalizada de la jornada laboral. Se precisa en fin un plan de emergencia que sitúe la creación de empleo decente en el corazón de la política económica.

 

¿Utopía? ¿Brindis al sol? En absoluto. Nos mueve la imperiosa necesidad de redefinir los términos del debate económico y mostrar, negro sobre blanco, el alcance del enorme desafío que nos espera si queremos cambiar el actual estado de cosas. Para superar la crisis económica y para construir una sociedad democrática es necesario enfrentar la fractura social. Naturalmente, en este camino encontraremos resistencias que habrá que vencer. Especialmente intensas serán las del poder económico, político y mediático.

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