Euro y crisis económica. A vueltas con el diagnóstico

La relación entre la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la crisis económica ha estado en el centro del debate académico, mediático y político. Para buena parte de los autores que han intervenido en el mismo, la adopción de la moneda única es uno de los factores decisivos a la hora de explicar la crisis. A partir de este reconocimiento, en torno al cual existe un amplio consenso, se han abierto dos grandes líneas de argumentación (dentro de cada una de ellas podemos encontrar diferencias, en algunos casos sustanciales, que aquí serán omitidas, pues lo que me interesa, sobre todo, es mostrar las dos grandes tomas de posición).

La primera básicamente sostiene que la UEM surgió con graves carencias institucionales que, con el tiempo, terminaron por bloquear su funcionamiento. Según esta perspectiva, la introducción de la moneda única en una región donde convivían economías estructuralmente muy dispares habría necesitado una arquitectura institucional capaz de poner en marcha un mecanismo de transferencias de recursos financieros orientados a las economías que acumularan déficits por cuenta corriente; habría sido necesario, siguiendo ese razonamiento, una hacienda pública supraestatal con capacidad para activar esas transferencias “Norte-Sur”.

Con idénticos mimbres, cabría cuestionar otros ejes centrales de la institucionalidad de la UEM: a) el papel reservado al Banco Central Europeo, cuyo cometido básico ha sido contener la inflación, relegando a la consecución de este objetivo el crecimiento y el empleo, y proveer de financiación a los bancos, obligando a los estados a depender de los mercados para cubrir sus necesidades financieras; b) la aplicación de un tipo de cambio único en un espacio económico formado por economías con muy desiguales capacidades competitivas y la imposibilidad, en ese contexto, de que las economías más débiles ajustaran su posición cambiaria para corregir eventuales pérdidas  de competitividad; c) la permisividad dispensada a las economías con superávits por cuenta corriente, al mismo tiempo que se penalizaba a las economías deficitarias, obligadas a ajustar precios y salarios para enjugar los déficits.

Si bien esta ha sido la visión dominante, existe una segunda línea de argumentación, donde se incardina esta reflexión. Esta otra mirada contiene, matiza y trasciende la anterior. Como no puede ser de otro modo, también concede gran relevancia al entramado institucional con que se lanzó el euro. Reconoce, en consecuencia, sus déficits institucionales, sus “vicios o pecado original”, y la problemática que de todo ello se deriva, pero prefiere abordarlos en el contexto más amplio de los intereses que han configurado, impulsado y finalmente lastrado la UEM. Se propone, así, una secuencia argumental que pivota alrededor de esos intereses, condición sine qua non para entender la lógica económico-institucional que ha caracterizado la zona euro.

Siguiendo este hilo conductor, en la creación de la UEM se habrían dado cita las estrategias de las grandes corporaciones, principalmente transnacionales, el capital financiero y las economías con mayor potencial competitivo. Su diseño institucional habría sido funcional a esos grupos, claros ganadores del proceso de integración económica, en general, y monetaria, en particular. Claro exponente de ello fueron el auge de la industria financiera, el avance de las inversiones extranjeras directas y el redespliegue de las cadenas de creación de valor, el rápido aumento de las exportaciones alemanas al resto de socios comunitarios y la mayor concentración de la renta y la riqueza.

Esa “colisión de intereses” estuvo en la base de un crecimiento económico alimentado por el creciente endeudamiento de familias, empresas y administraciones públicas (en grado variable, dependiendo de los países). La espiral de la deuda generó un cierto maridaje entre deudores y acreedores, ocultando los problemas estructurales que, entre tanto, se iban acumulando y ganando entidad.

Situándose en estos parámetros, más allá de la esfera institucional –o, para ser más precisos, integrándola en una perspectiva más amplia-, diferentes autores han intentado ofrecer una explicación de la crisis de mayor profundidad y complejidad. Cabe citar, en este sentido, los que consideran que su origen más profundo se ubica en el estancamiento salarial y en el aumento de la desigualdad; aquellos que ponen el acento en la creciente financiarización de los procesos económicos y de las lógicas empresariales; y quienes colocan en el centro de la argumentación el fracaso de la convergencia en la UE, cuya expresión más rotunda ha sido el crecimiento y enquistamiento (en los años de bajo o nulo crecimiento, pero también en los de mayor dinamismo) de las disparidades productivas y comerciales.

También con un planteamiento de largo aliento, otros autores introducen como causas de fondo de la crisis la progresiva oligopolización de las estructuras empresariales, la captura de los estados por parte de los grupos económicos, y la utilización depredadora de recursos no renovables y las externalidades negativas provocadas por la degradación de los ecosistemas.

Sin entrar en el debate sobre el papel de cada uno de estos factores en la incubación de la crisis, todos ellos me parecen complementarios y necesarios en un enfoque de economía política, enfoque que necesariamente apunta y cuestiona el proceso de acumulación y distribución capitalista; y que, por esa misma razón, invita a una reflexión crítica del proceso de construcción europea y de integración monetaria.

 

 

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